La sentencia se dio a conocer a las partes sin que sea necesaria la realización de una audiencia a pesar de lo manifestado por los miembros del tribunal al momento de concluir la audiencia de cesura de pena. Se trata de los jueces Mirta Moreno, Marcelo Nieto Di Biase y Sergio Piñeda que hallaron culpable a Alarcón del delito que durante más de un año investigaron los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams.
En el juicio oral y público quedó probado que las millonarias propiedades que adquirió Alarcón a su paso por su cargo público en el gobierno provincial y de manera breve en la municipalidad de Trevelin y el Instituto Provincial de la Vivienda, no se condecían con sus ingresos en la función pública.
Desde el año 2003 a la fecha, el ciudadano Oscar Alarcón, se desempeñó como funcionario público, primero bajo la órbita Municipal y luego provincial en forma ininterrumpida. En el comienzo fue en la Municipalidad de Trevelin, luego en Ceremonial de la Provincia, adscripto al Instituto Provincial de la Vivienda, para luego acompañar al extinto Gobernador Mario Das Neves hasta su deceso, nuevamente en el Área Ceremonial.
Quedó comprobado en el juicio oral que Alarcón no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la Municipalidad de Trevelin, en su adscripción al IPV y en el Área Ceremonial. Compró cuatro terrenos en una zona exclusiva de Playa Unión. Además un edificio de dos plantas en pleno centro de Rawson, recién construido para el alquiler de oficinas y consultorios, de aproximadamente 600 metros cuadrados (dos locales emplazados en la planta alta y dos en planta baja). También en el mismo periodo de tiempo en que fue investigado, construyó una casa en el barrio parque Gregorio Mayo, en una zona residencial a pocos metros del Rio Chubut
Los fiscales Williams y Rodriguez sostuvieron a lo largo de la investigación que “existieron datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte del ciudadano Oscar Alarcon, en el periodo que se desempeñó como funcionario público, dado que el nombrado no tenía capacidad económica para la adquisición de los bienes inmuebles de los que es titular. Por el ilícito cometido fue víctima el Estado de la Provincia del Chubut”.
Por otra parte solicitan la intervención de la justicia federal para la investigación de Carmela Miranda, esposa del condenado, por si esta incurrió en algún delito, por la presunta evasión de acuerdo a su propio patrimonio.