La jueza Mirta Moreno imputó a Hugo Fabián Torres, Edgar Gastón Rapimán, Luis Alberto Bustos, Débora Curiqueo y Boris Ritchert por asociación ilícita. Los tres primeros quedarán en prisión preventiva hasta el 3 de enero del año que viene. Mientras que Ritchert deberá comparecer ante la Justicia tres días por semana y Curiqueo deberá cumplir prisión domiciliaria.
El debate se llevó a cabo en la Cámara Penal de Trelew donde la Fiscalía planteó que los imputados integraban una banda que sustraía elementos de casas y vehículos. El único sospechoso que se encuentra prófugo es Rodrigo Nicolás Vera, quien es la pareja de Curiqueo.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general jefe, Omar Rodríguez, la fiscal Carolina Marín y el funcionario de Fiscalía, Lucas Kotsch. En tanto, Torres, Bustos y Curiqueo fueron defendidos por Lisandro Benítez y Rapimán fue asistido por Abdón Manyauik.
En primera instancia, los representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron que no se ha podido establecer cuándo comenzó a operar la banda que integraban Torres, Vera, Curiqueo, Rapimán y Bustos. Sin embargo, los investigadores estiman que fue antes del 7 de junio, que fue cuando se empezó a indagar en Trelew.
Esta banda realizó diferentes golpes en casas particulares donde se llevaron televisores, equipos de sonido, tablets, teléfonos celulares y computadoras, entre otros elementos. También se encargaban de sustraer elementos de valores de vehículos estacionados en la vía pública.
Según lo investigado, Vera, Bustos, Rapiman, y Torres tuvieron un papel fundamental en cada uno de los robos haciendo inteligencia en los distintos domicilios para verificar la ausencia de sus propietarios, planteó la Fiscalía.
Mientras que Curiqueo realizaba, en algunos casos, de soporte al resto del grupo quien con la utilización de handy con frecuencia policial les transmitía los movimientos del personal policial. La pareja de Vera también se encargaba de vender los elementos robados a través de Facebook.
Además, la Fiscalía consideró que otro de los integrantes de la banda fue Ritcher, quien se encargaba de realizar el soporte técnico para reparar los artículos robados y luego venderlos en un mercado informal. Asimismo, colaboraba con integrantes del grupo en realizar el contacto o nexo con potenciales compradores para la reducción de los elementos mal habidos.
En el debate se presentaron diversas escuchas telefónicas donde Rodríguez remarco qué era la columna vertebral de la investigación complementada con el trabajo de campo como muestras fotográficas y otros procedimientos.
Una de las conversaciones permitió descubrir que Johathan Rapimán hablaba con su hermano Edgar y Torres para participar de un robo de 12 mil pesos y se le prometía la provisión de droga en el lugar donde se encontraba detenido.
UNA INVESTIGACION ABIERTA
En base a las pruebas presentadas, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Torres, Bustos y Edgar Rapimán. La defensa propuso una morigeración de la medida con un arresto domiciliario para Curiqueo debido tiene un bebé recién nacido. Por otro lado, para Ritchert se solicitó una medida sustitutiva consistente en la firma tres veces por semana del libro en oficina de ejecución, siendo que se lo imputa por considerárselo como partícipe secundario.
Estas solicitudes fueron tenidas en cuenta por la jueza Moreno y resolvió las medidas de acuerdo a las mismas. Se recalcó que se suman hechos donde participaron los involucrados que determinan la probable asociación ilícita, más allá del conocimiento que pudieran tener unos de otros integrantes, ya que todos actuaban con un determinado fin. En ese sentido, Bustos fue sentenciado en cuatro oportunidades y cuenta con una declaración de reincidencia, Torres cuenta con varias aperturas de investigación en diferentes casos mientras Rapimán tiene una causa por tenencia de armas y una suspensión de juicio a prueba.
En el debate también se detallaron las diferentes causas que suman al delito de asociación ilícita por lo que la magistrada dispuso la apertura de investigación y determinó el plazo de acuerdo a la apertura llevada adelante el 3 de julio en un caso de robo, fijando el vencimiento para el 3 de enero del próximo año.