El abogado Romero fue condenado a casi 7 años

El tribunal conformado por las juezas Mirta Moreno, Marcela Pérez y Patricia Reyes notificó la resolución mediante la cual imponen la pena de seis años y nueve meses de prisión a Edgardo Oscar Romero Bruno.

En 109 carillas, las juezas dieron por acreditado el hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal que estuvo representado por la fiscal general Carolina Marín.

La decisión fue por unanimidad y refirieron en el extenso resolutorio acerca del rechazo a las nulidades solicitadas por Romero, quien llevó adelante su propia defensa en la mayor parte del evento, acompañado por Abdón Manyauik y Laura Fernández. Aludieron también a los elementos que dan por demostrada la materialidad y autoría del homicidio agravado por uso de arma en grado de tentativa.

Indican las integrantes del tribunal si, como se sostiene, la reprochabilidad de una conducta disminuye o será tanto menor cuanto más se acerque la intención del autor a la protección de un bien jurídico reconocido por el mismo cuerpo social, la puesta en peligro de la víctima Oscar Pavez genera un contraste negativo muy fuerte con aquella acción y también debe ser valorado.

“Ha quedado acreditado que desde el inicio del ataque a Oscar Paves, el autor buscó colocar a la víctima en un estado de indefensión, de manera tal de garantizar el éxito de su accionar, actuando sobre seguro y sin ningún riesgo para su vida”, señalaron en el fallo.

Las condiciones personales del imputado, persona adulta, instruido, abogado de profesión y del que tiene pleno conocimiento de las consecuencias que su conducta implicaba, “debió vencer con mayor dificultad la resistencia interna para el acometimiento del hecho”, añadieron.

La pena de seis años y nueve meses de prisión será de efectivo cumplimiento y las accesorias legales y costas correrán por cuenta del condenado, regulando los honorarios de los defensores particulares y emplazando a Romero para que en el término de diez días se haga efectiva la suma de 3.962 pesos en concepto de tasa de justicia, haciéndole saber que de no abonarse en ese plazo será intimado a su cobro con una multa del 50% de la tasa omitida.

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