El Gobierno Nacional publicó dos decretos de necesidad y urgencia para revertir las modificaciones que había impulsado semanas atrás sobre Vialidad Nacional, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y otros organismos públicos. La decisión se tomó después de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran los decretos delegados que buscaban reestructurar áreas sensibles de la administración estatal.
El Congreso logró así, frenar medidas que hubieran modificado derechos laborales, organismos técnicos y hasta instituciones culturales. La marcha atrás se justificó en la necesidad de asegurar la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.
Los decretos que quedaron sin efecto
Mediante los DNU 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de todas las normas que habían sido derogadas o sustituidas. En la práctica, quedaron sin efecto los decretos delegados que intentaban:
Modificar funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), subordinándolos a áreas del Ministerio de Agricultura y de Industria y Comercio.
Trasladar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de eliminar su Dirección Nacional.
Disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, organismos claves en la planificación de la infraestructura.
Desregular el transporte marítimo y habilitar buques extranjeros en el cabotaje nacional, con impacto directo sobre la Marina Mercante. La medida limitaba además el derecho a huelga en varios sectores considerados estratégicos.
Transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que implicaba reducir su autonomía.
Fusionar el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en el marco de una reorganización cultural.
En los considerandos de los DNU, el Ejecutivo señaló que las restituciones buscan “no comprometer la continuidad operativa del Estado y resguardar principios de buena administración, juridicidad y simplificación administrativa”.
El rol del Congreso y la reacción política
El rechazo en ambas cámaras se produjo a fines de agosto, en un contexto de fuerte debate sobre los alcances de los decretos delegados. Legisladores de la oposición advirtieron que las reformas vulneraban derechos adquiridos y debilitaban instituciones con trayectoria técnica.
En Diputados, la votación fue ajustada, mientras que en el Senado el rechazo se consolidó con el apoyo de bloques provinciales. La discusión giró especialmente en torno a la disolución de Vialidad Nacional y la desregulación del transporte marítimo.
Distintos gremios habían alertado sobre el impacto en el empleo y en la infraestructura. La Federación de Trabajadores de Vialidad señaló que la eliminación del organismo ponía en riesgo más de 3.500 puestos directos y la continuidad de obras en ejecución. En el caso de la Marina Mercante, sindicatos denunciaron que la apertura a buques extranjeros afectaría a más de 12.000 trabajadores.
Impacto en los organismos alcanzados
Con la restitución de las normas previas, los organismos recuperan su estructura y autonomía. Vialidad Nacional continúa como responsable de la planificación y ejecución de obras viales, un área que maneja presupuestos superiores a EUR 2.000 millones por año en proyectos de rutas, autopistas y mantenimiento.
El INTA retoma su esquema original bajo conducción propia, con más de 50 centros de investigación distribuidos en todo el país. El instituto es clave para el desarrollo del agro y concentra más de 7.000 empleados técnicos y profesionales.
El INTI, por su parte, mantiene su rol histórico en la innovación industrial, con laboratorios que realizan más de 100.000 ensayos anuales para pymes y grandes empresas. La decisión de mantenerlo con autonomía fue celebrada por cámaras empresarias que dependen de su certificación tecnológica para exportar.
En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el retroceso implica que el organismo seguirá siendo descentralizado, con independencia para continuar con las tareas de identificación vinculadas a crímenes de lesa humanidad. El BNDG es considerado una herramienta central en las políticas de memoria, verdad y justicia.
Por último, la fusión de los institutos históricos quedó sin efecto. El Instituto Yrigoyeano y el Instituto Juan Manuel de Rosas continuarán funcionando por separado, con sus programas de investigación y difusión cultural.