El Gobierno eliminará todo el subsidio en el gas y aumentará más de 5 veces

Si bien había trascendido que en los nuevos cuadros tarifarios se rebajaría el precio del metro cúbico y se mantendrían los cargos de transporte y distribución, podría suceder que estos dos ítems tuvieran un alza en relación con lo dispuesto anteriormente.
El Gobierno propondrá un aumento del 165% en el valor del metro cúbico de gas a partir del 1 de octubre y del 425% a octubre de 2019, cuando el subsidio a cargo del Estado quedaría en cero. Se trata de porcentajes de incremento en dólares de modo que el precio promedio del millón de BTU pasa de U$S1,29 a U$S3,42 en la primera etapa y llega a U$S6,78 en tres años.
Si se considera que un millón de BTU equivale a 27,8 metros cúbicos y que el tipo de cambio se ubica en $15, el precio promedio ponderado según el número de hogares de cada categoría, para los usuarios residenciales el metro cúbico de gas pasará de $0,69 (como cuesta ahora tras el fallo de la Corte Suprema) a $1,84 a partir de octubre. Luego habrá ajustes semestrales cuyo impacto real en tarifas dependerá de la evolución del tipo de cambio.
Así surge de la propuesta oficial que el Ministerio de Energía publicó en el sitio del Enargas. El documento reconoce que en la actualidad hay tres tipos de usuarios residenciales en el país: los "no amparados", que por los aumentos aplicados en 2014 pagan U$S1,52 por el millón de BTU; los que se encuentran en la Patagonia, La Pampa y Puna, que abonan U$S0,17; y los amparados por cautelares, que tienen un precio de U$S0,11.
Según el informe oficial, en esta última situación, protegidos por cautelares que frenaron las subas de 2014 y aún están vigentes, se encuentran los hogares ubicados Mendoza, San Luis y numerosas localidades del interior de Buenos Aires, como General Pueyrredón, Pehuajó, Dolores, y Azul.
La propuesta no explica qué se hará con estos usuarios así como las industrias y comercios que también se encuentran amparados por cautelares de los aumentos de 2014 y por otras que suspenden las subas de este año aun tras el fallo del máximo tribunal (se entiende que estos problemas quedarán también a resolución de la Corte).
Entre los usuarios llamados SGP (comerciales e industriales), el millón de btu cuesta en promedio U$S1,32 tras los ajustes de este año que la Corte dejó vigentes con el tope del 500%. Los cubiertos por amparos pagan U$S0,22. Mientras en la zona patagónica y La Pampa, los no amparados abonan U$S0,66 y los amparados U$S0,11.
Para los hogares que se encuentran en la Patagonia, la Pampa y Puna, la propuesta incluye un sendero de aumentos semestrales en dólares que se extiende hasta el de octubre de 2022 para llegar en esa fecha a un valor de U$S6,72 por millón de btu. En tanto, para estos residenciales en la primera etapa a partir del 1 de octubre el valor pasa de U$S0,16 a U$S1,29 con un alza del 706% siempre considerando el promedio ponderado entre todas las categorías de usuarios hogareños.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

En cuanto a los márgenes de transporte y distribución, el Gobierno no formula propuesta porque esto deben hacerlo las mismas empresas en la audiencia. En el informe oficial consta que si se aplican las tarifas vigentes al 31 de marzo la recaudación de las dos transportistas y las nueve distribuidoras será de $5.627 millones, mientras que para afrontar gastos, pagos pendientes a productores de gas, deuda y las inversiones previstas para este año en $3.893 millones, se necesita que las empresas perciban ingresos por $15.656 millones.
Si bien había trascendido que en los nuevos cuadros tarifarios se rebajaría el precio del metro cúbico y se mantendrían los cargos de transporte y distribución, podría suceder que estos dos ítems tuvieran un alza en relación con lo dispuesto anteriormente, si es que se pretende recaudar de octubre a diciembre lo mismo que se iba a generar desde abril. En los considerandos de la propuesta oficial, se indica que se busca "concientizar sobre el impacto del ahorro energético en el poder adquisitivo familiar y el cuidado ambiental". Llama la atención que no haya referencias a la necesidad de ahorrar energía por parte de las empresas privadas y el Estado.

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