El gobierno nacional “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia” dejó sin efecto la resolución del 8 de febrero de este año, que establecía una recompensa de 98 millones de pesos para quien diera información veraz sobre el paradero del submarino. En la resolución, firmada ayer por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se afirma que la recompensa “no ha logrado cumplimentar su objetivo último”, a pesar del “esfuerzo denodado del Estado Nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitiera determinar con precisión la ubicación” del ARA San Juan. La réplica a ese párrafo del decreto no se hizo esperar: “el Gobierno no hizo nada para solucionar la situación de los 44 tripulantes del ARA San Juan, salvo extender en el tiempo el tema porque nunca quiso hacer las cosas rápidas para que se sepa la verdad”, le dijo a Página/12 Yolanda Susana Mendiola, madre del cabo primero Leandro Fabián Cisneros.
“El Gobierno sigue adelante con su política de no escuchar nuestros reclamos, ahora retirando la recompensa y antes dejando sin efecto la licitación con la empresa española (Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L.), por negligencias del Gobierno, porque no se habían dado cuenta los asesores del ministro Aguad de las deficiencias de la compañía porque no leyeron bien sus antecedentes”, agregó. Sobre la frase que habla del “esfuerzo denodado” del Gobierno para encontrar el submarino, la mujer recalcó que “es una gran mentira porque nada se hizo para solucionar la angustia de los familiares de los 44 tripulantes, porque hay muchas falsedades que hemos descubierto al escuchar a los testigos que declararon en la Comisión Bicameral” del Congreso Nacional que investiga el caso. “Escuchando las declaraciones de los militares, nosotros nos dimos cuenta que no tienen intenciones de encontrar al submarino y que tienen mucha información, pero tampoco la dan, porque están ocultando datos”.