El Gobierno avanzó con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo declarado es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Además de parte de Pro, el radicalismo y algunos bloques provinciales, también apoyaron la reforma integrantes del bloque Justicialista: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
“No es agua o trabajo. Es un país que cuida a sus provincias”, dijo Patricia Bullrich en el discurso final. Consideró que para la ley vigente “proteger ha sido paralizar”. Y concluyó: “Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente”.
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto osciló entre el rechazo y un acompañamiento tímido.
El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas. Entre estos últimos estuvieron los tres senadores por Chubut: Carlos Linares, Edith Terenzi y Andrea Cristina.
Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) cuestionó la redacción del proyecto frente a lo que ella consideró imprecisión. “¿Qué es una función hídrica relevante? ¿No creen que esto es judicializable? No da seguridad jurídica y no fija criterios técnicos para todas las provincias".
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El Estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina.