El Superior Tribunal reclamó que no se adjudiquen más tierras sin antes consultar a los pueblos originarios

El Superior Tribunal de Justicia exhortó al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural que conduce Máximo Pérez Catán a que de ahora en más, cuando adjudique tierras donde una de las partes sea indígena por sí, por pertenencia comunitaria o familiar, deje advertencia expresa de que esa operación dependerá de la revisión de la Comisión de Tierras Indígenas. Así busca garantizar que se escuchará la opinión de los pueblos originarios.

El STJ –según diario Jornada- también reclamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a que urgente pongan en funcionamiento esta Comisión, que revisará casos pendientes y asegurará la seguridad jurídica de los pueblos originarios en los casos que se susciten de ahora en más. El Estado Argentino tiene responsabilidad internacional en la materia.

El fallo se basa en el Caso Pilquimán, amparo iniciado en 2007 por Crecencio Pilquimán en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. Reclamaba la nulidad de la Resolución 60/07 del IAC, que otorgaba derechos al ganadero Camilo Rechene sobre un predio rural en el Departamento Gastre.

El amparo exigió que antes de concretar esa operación, se respetarán y escucharán los derechos de la comunidad aborigen a la que pertenecía Pilquiman. La demanda fue contra el IAC pero luego se vinculó al proceso a Rechene, a quien esa Resolución le había reconocido derechos sobre 2.500 hectáreas.

Hace cuatro décadas esas tierras eran del poblador Victorino Pilquiman. Luego pasaron a sus hijos, que en 2007 se las vendieron a Rechene. Crecencio, sobrino de Victorino, denunció este traspaso presuntamente irregular en nombre de la comunidad mapuche-tehuelche de Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio. Consideraba que aunque la transferencia de los herederos parecía una operación de compraventa entre particulares, esas hectáreas enajenadas eran propiedad comunitaria y no debían tocarse sin pedir la opinión del resto de las familias afectadas, tal como obliga la Constitución para respetar los derechos de los pobladores originarios.

El planteo fue rechazado por el Juzgado de Madryn, por la Cámara de Apelaciones de Trelew y por el STJ. Durante el juicio, el abogado del terrateniente favorecido hasta planteó que los mapuches no tienen derechos como indígenas en Argentina, ya que son “inmigrantes chilenos”.

Pilquimán llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional anuló la sentencia del Superior y lo cuestionó por haber omitido “todo pronunciamiento sobre los derechos” de los pueblos originarios a ser oídos.

En 2017 Pilquiman falleció tras una década sin que un juez lo escuchara. Su familia siguió adelante con el caso, de nuevo en tribunales chubutenses.

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