Expertos proponen un horizonte para la política de evaluación educativa

Fortalecer una evaluación con un enfoque federal y una frecuencia previsible, y con estrategias de difusión y de utilización de la información relevada, son algunos de los consensos compartidos por distintos referentes del ámbito educativo. El objetivo: mejorar la equidad y la calidad de la educación.

La pandemia de COVID-19 visibilizó grandes desigualdades en el sistema educativo, no solo porque se han profundizado, sino también porque la falta de información relevante restringe la presencia estatal allí donde se la necesita. A partir de este diagnóstico, un grupo de expertos convocados por Argentinos por la Educación participaron de una serie de encuentros sobre políticas de evaluación e información educativa, y desarrollaron una visión para el diseño e implementación de políticas orientadas a lograr mayor inclusión, equidad y calidad en la educación argentina.

El documento ha sido firmado por más de 40 especialistas en educación, entre ellos Analía Berruezo (exministra de Educación de Salta), Paulina Calderón (exministra de Educación de San Luis), Gustavo Iaies (ESEADE), Juan Llach (IAE), Mariano Narodowski (UTDT) y Guillermina Tiramonti (FLACSO). Se presenta, a su vez, como una invitación a continuar con una serie de diálogos con mirada de futuro.

Aunque valoran los esfuerzos que se vienen realizando, los firmantes plantean que, frente a la pandemia, contar con “información precisa, significativa y oportuna hubiera permitido tomar mejores decisiones, especialmente en la identificación de situaciones de abandono y desconexión”.

EL DIAGNOSTICO

A su vez plantearon una serie de limitaciones a resolver: la ausencia de un plan de producción de información sostenido en el tiempo, la poca participación real de los sistemas educativos jurisdiccionales en el diseño de la política nacional de evaluación de los aprendizajes a gran escala, su baja tasa de respondientes, la insuficiente utilización de herramientas tecnológicas, entre otras.

Si bien en Argentina se lleva más de 25 años de continuidad realizando acciones de relevamiento de información, los expertos señalan que los vaivenes en la política conspiran contra los mismos fines que esta política tiene fijados por ley. A su vez, los resultados aún parecen tener altos niveles de subutilización, en muchos casos sin ser aprovechados por la comunidad educativa.

Frente a esta situación, los especialistas señalan la necesidad de consolidar “una política de Estado para fortalecer el sistema nacional de información educativa que mantenga siempre en foco el propósito de mejorar la equidad y la calidad de la educación”, con un horizonte a mediano y largo plazo basado en un acuerdo federal.

PROPUESTAS

Hace falta “priorizar la inversión necesaria para la consolidación y desarrollo de equipos técnicos, avanzando en su profesionalización”, afirma el documento, que enfatiza la importancia de un enfoque federal que les otorgue protagonismo a las provincias, con un Estado Nacional que compense las asimetrías interprovinciales.

Los expertos sugieren una serie de ideas para considerar a medida que ceda la emergencia de la pandemia o se siga consolidando la “nueva normalidad”.

Subrayan el valor de fortalecer una cultura de evaluación en la sociedad, lo que requiere de la colaboración de organizaciones sociales, sindicales, empresariales y políticas, así como de los medios de comunicación. Además, indican que resulta imprescindible una mayor participación de docentes, estudiantes, familias y comunidades educativas.

“Las evaluaciones, de manera gradual, deberían enfocarse en capacidades y no solo en conocimientos. En la definición de estas cuestiones es importante el aprovechamiento de la información que cotidianamente producen las escuelas para que sea resignificada con sentido pedagógico y no solo utilizada con fines administrativos”, afirman.

Otro elemento central de esta política es la estrategia de difusión de la información pública relevada, garantizando la continuidad en la publicación de informes que permitan generar diagnósticos relevantes. La difusión debería complementarse con herramientas para el trabajo pedagógico para supervisores, directivos y docentes, en coordinación con los equipos técnicos de los ministerios, de manera que todas las escuelas reciban su información, puedan trabajar con ella y, a partir de eso, diseñar planes de mejora institucional.

El documento propone una planificación a mediano y largo plazo de la evaluación de los aprendizajes a gran escala y con una frecuencia sostenida en el tiempo, y menciona que esa planificación debería incluir los años de implementación de evaluaciones, las áreas y los años de estudio, conformando un calendario claro y previsible. “La institucionalización de estas acciones indicando tiempos, responsables y compromisos podría contribuir a brindar mayor confianza a los diversos actores”, agrega el texto.

Finalmente, los expertos ponen de relevancia la necesidad de la apertura de los datos, en el marco de los criterios de transparencia definidos por las leyes argentinas, para involucrar a más actores en la mejora de la educación. “Un buen sistema de información que comunica mal, no comunica o lo hace sin los criterios legales de transparencia pierde su razón de ser”, sostienen.

En ese sentido, recomiendan la publicación inmediata de bases de datos anonimizados con todos los campos relevados, desagregando a nivel provincial y municipal/departamental. El documento concluye afirmando la necesidad de “un avance sostenido en términos de transparencia educativa”.

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