La fiscal de la ciudad de Sarmiento, Rita Barrionuevo, imputó al abogado Diego Cruceño por falsedad ideológica de documento público agravada por ser ejecutada por un funcionario público con abuso de sus funciones. El juez Alejandro Rosales otorgó un plazo de seis meses de investigación.
Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, el hecho se registró el 9 de febrero de 2023, a las 16 en la sede donde funcionaba el Consejo de la Magistratura, avenida San Martín entre avenida Estrada y calle Pellegrini.
Cruceño, en su carácter de secretario permanente del organismo indicado y abusando de sus funciones, redactó el documento público “Acta Cierre Concurso”. En esa certificación insertó hechos y declaraciones falsas relativas a circunstancias que tal documento debía probar.
Barrionuevo explicó que el imputado insertó dos hechos falsos: que no se recibieron inscripciones de postulantes para el cargo de Fiscal General para la localidad de Lago Puelo, y que “se rechazó la inscripción de la Dra. Silvina Mariana Mendoza”.
En ese mismo documento, el exfuncionario también expresó que Mendoza no había logrado acreditar los siete años de ejercicio profesional. Agregó que él se comunicó con la postulante al cargo de la fiscalía en Lago Puelo para informarle la situación.
Los investigadores señalaron que el sospechoso incorporó una declaración falsa en la documentación. Allí expresaba que Mendoza “comprendió la situación y se comprometió a remitir la acreditación pertinente, a los fines de inscribirse en un futuro llamado a concurso”.
Para Fiscalía, el accionar de Cruceño causó un potencial perjuicio a la abogada Mendoza ya que la privó de la posibilidad de impugnar la decisión del rechazo de su admisión al concurso.
También sostuvieron que en términos institucionales el Consejo se vio afectado en relación al concepto de transparencia que deben tener los concursos en ese organismo.
Se requirió que al finalizar la audiencia, el imputado se presente en la oficina del área de Criminalística para la aplicación del protocolo de identificación.
A su turno, el abogado Cruceño utilizó su derecho a declarar y se refirió al contexto en el que ocurrieron los hechos y a sus funciones en el Consejo. Fue representado por el defensor público Marcelo Catalano y la abogada adjunta Rosa Sánchez.