La pirotecnia cero, que el Concejo Deliberante aprobó en primera instancia el 5 de mayo y luego ratificó en sesión extraordinaria del 11 de diciembre, terminó implementándose en Comodoro Rivadavia a partir del 26 de este mes, pese a los intentos judiciales de algunos comerciantes para que les permitieran vender para fin de año la mercadería que ya habían adquirido.
La iniciativa, que recibió un amplio acompañamiento ciudadano e incluso -al menos en las declaraciones- del propio Ejecutivo municipal, no fue debidamente interpretada en principio por los funcionarios encargados de Fiscalización, quienes- en la práctica- se negaron a hacer cumplir la normativa hasta que el 11 de diciembre el Concejo volvió a ratificar la prohibición total de la comercialización, promulgada luego de Navidad por el Poder Ejecutivo.
La historia reciente del intento de sancionar una ordenanza de pirotecnia cero en Comodoro Rivadavia comenzó a principios de este año, cuando en la práctica, y luego de un accidente en los festejos del Carnaval, que dejó varios heridos, se evidenció que la normativa que se aprobó a fines de 2016, no había dado los resultados esperados.
Esa ordenanza, que fue aprobada con el impulso del concejal radical José Gaspar, era prácticamente descriptiva y por lo tanto no alcanzaba para que tuviera el peso necesario para imponer la prohibición, que ya existía en varias ciudades de la provincia.
EL CARNAVAL
La fuerza política para avanzar en la pirotecnia cero, algo que se viene debatiendo y discutiendo desde por lo menos 2014, se logró luego del carnaval, cuando el fallido uso, en pleno desfile de la Batucada Comodorense sobre la San Martín, de una “torta con 60 detonaciones” dejó un saldo de 14 heridos.
En marzo, luego de trabajar el texto con otros concejales, la concejal Adriana Casanovas, del Frente para la Victoria, presentó el proyecto de ordenanza, que se aprobó el 4 de mayo. En su articulado claramente expresaba que en Comodoro Rivadavia quedaba prohibida “la utilización, fabricación, comercialización, depósito y venta al público mayorista o minorista para uso particular de cualquier tipo de producto y cohetería”.
El Ejecutivo promulgó esta ordenanza, sin observación alguna, el 22 de mayo. Pese a ello, en octubre, desde la secretaría de Gobierno se alertó sobre lo que, entendían, era una zona gris, ya que el artículo 3 permitía el uso de estos elementos en “actos conmemorativos especiales o fechas significativas”.
La lectura completa de la normativa, empero, no parecía contener una zona gris ya que, el primer artículo prohibía en general la fabricación y uso, y además se detallaba que los espectáculos autorizados “deberán efectuarse en lugares que cumplan con las medidas de seguridad correspondientes, previa autorización de la autoridad de aplicación y con la intervención de la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, que a través del Cuartel Central deberán emitir una autorización previa junto a Defensa Civil”.
Haciendo valer parte del artículo 3, desde el municipio se indicó que “una fecha especial o significativa, puede ser desde un cumpleaños y por supuesto la Navidad y el Año Nuevo, que es donde la gente más tira pirotecnia”, explicó en su momento el secretario de Gobierno, Máximo Naumann, quien trataba, con esas palabras, de fundamentar la inacción y las expresiones previas del subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay.
COMERCIALIZACION CASI TOTAL
El posicionamiento de este sector del Ejecutivo chocaba, incluso, con el asumido públicamente por el intendente Carlos Linares quien, luego de las primeras escaramuzas públicas sobre la ordenanza, fue al Concejo y se reunió con los ediles y madres de chicos con trastornos autistas. Luego de ese encuentro, Linares se comprometió a trabajar en la pirotecnia cero y solo habló de los problemas que se podía generar por “el remanente de mercaderías ya compradas por los comerciantes”.
El argumento podía ser razonable si ese remanente y esa mercadería se hubiera comprado antes de la sanción de la ordenanza, en mayo, pero no en esa fecha, en la que nuevamente el debate se actualizaba a tan solo dos meses para las fiestas y cuando todavía, la normativa aprobada el 5 mayo y promulgada el 22 de ese mes, no estaba reglamentada. Algo que debió hacerse por parte del Poder Ejecutivo, como plazo máximo, en 90 días tras su puesta en vigencia.
CONFLICTO DE PODERES
Estos desencuentros, dilaciones y hasta cuestionamientos de funcionarios del Ejecutivo para con el Concejo, generó un conflicto de poderes, cuyo capítulo máximo fue cuando, tras en teoría aclararse la prohibición total, Campillay insistió sobre fines de noviembre en hacer una prueba de niveles de ruidos con distintos elementos de pirotecnia.
Ignorando que cualquiera de ellos estaba prohibido sobre la base del texto vigente, el subsecretario de Fiscalización consideró que se podían comercializar 85 productos y, en función de esa prueba, notificó a los comerciantes los que podían venderse por ser considerados de bajo poder de estruendo.
El Concejo, que ya había citado a Campillay por anteriores declaraciones, no solo contestó con expresiones, sino que aprovechó la sesión extraordinaria del 11 de diciembre, convocada por el Ejecutivo por un tema presupuestario, para tratar una nueva ordenanza en la que, para que no queden dudas, se aclaró que la pirotecnia estaba prohibida por completo desde mayo. En el texto se dejó sentado que solo se podían utilizar estos elementos en los actos que la propia ciudad organice para su aniversario, es decir para el 23 de febrero.
La nueva ordenanza fue promulgada el 26 de diciembre, a tan solo cinco días de Año Nuevo. El poco tiempo, y la presentación de un recurso judicial de los comerciantes, chocó contra la implementación efectiva de la prohibición de comercialización, hasta que la Justicia ordinaria falló el viernes en contra de la acción de amparo de los vendedores, como un espaldarazo a la vigencia de la Pirotecnia Cero en Comodoro Rivadavia.