La Fiscalía allanó la casa del policía Montesinos y secuestró su teléfono

El Ministerio Público Fiscal avanza en la causa que investiga el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público del sargento Cristian Montesinos, a quien Asuntos Internos de la Policía del Chubut le pidió el pase a disponibilidad preventiva. Es a raíz de una investigación que busca deslindar responsabilidades acerca de por qué los presos Antonio Díaz y Jonathan Tula fueron sacados de la alcaidía policial sin autorización del Juzgado de Ejecución.

La funcionaria de fiscalía Florencia Do Carmo investiga el caso de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de Cristian Montesinos, sargento de la Policía del Chubut y representante de suboficiales y oficiales en el Consejo de Bienestar Policial. En el marco de esa investigación, ayer a la mañana se procedió al secuestro del teléfono celular del sargento, luego de haber allanado su vivienda el viernes pasado.

La Fiscalía investiga qué tipo de participación tuvo también un agente que es quien figura en el parte de guardia. Este retiró a los presos Antonio Díaz y Jonathan Tula, el 10 de noviembre a las 10:30 y fueron regresados a la alcaidía a las 16. Según Do Carmo, no tenían ningún tipo de autorización por parte del Juzgado de Ejecución Penal para ser retirados del recinto de la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.

Según investiga Do Carmo, los condenados volvieron seis horas después al recinto, en presunto estado de ebriedad y comenzaron a protagonizar algunos disturbios. En el descargo de los condenados, a través de un manuscrito, comentan según Do Carmo que habían sido sacados a limpiar el camping policial del barrio Stella Maris.

Uno de los condenados que fue sacado del recinto sin la autorización del Juzgado de Ejecución fue Jonathan Tula, un joven que fue condenado a la pena de 14 años de prisión por un doble crimen y que no tenía ningún permiso autorizado para salir del recinto carcelario. Al parecer, según informaron desde la Policía a la Fiscalía, solo tenían autorizado realizar limpieza en el predio de la alcaidía policial.

La Fiscalía todavía no cuenta con testimonios que puedan situar en el camping municipal a los presos y a los policías que los cuidaban. No obstante, a través de su manuscrito de descargo los condenados dijeron haber sido llevados a dicho lugar.

La familia de Orlando Hernández, una de las víctimas de Tula -condenado por un doble homicidio cometido en la madrugada del domingo 19 de octubre de 2014 en el barrio San Cayetano-, realizaron una denuncia en la Fiscalía. La misma se anexó a la causa que había instruido abrir el jefe de Fiscales, Juan Carlos Caperochipi, en el marco de la causa que llevan adelante el fiscal Martín Cárcamo y la funcionaria Do Carmo.

Ayer junto a efectivos de la División Sustracciones Automotores, representantes de la fiscalía efectuaron una nueva diligencia en la que se le secuestró a Montesinos su aparato de telefonía celular, ya que en las diligencias anteriores no habían podido hallarlo.

También el jueves de la semana pasada se secuestró el parte diario de la alcaidía y se realizaron entrevistas.

La fiscalía ahora busca sumar indicios para determinar qué tipo de responsabilidad tuvieron en sacar a los presos de la alcaidía, el sargento Montesinos y el agente no identificado. También se realiza una causa paralela sobre sanciones disciplinarias para los presos en el régimen de Ejecución de la Pena.

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