Este jueves se llevó a cabo una audiencia de incidentes en el marco de la causa que investiga al exempleado judicial Fernando Alfredo Calandra por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas.
En la oportunidad, la defensa –representada por Franco Mellado- planteó una objeción a una pericia informática de cotejo de voz solicitada por la fiscalía, argumentando que la medida “afecta el debido proceso y el derecho a defensa en juicio”, y solicitó que “se deje sin efecto por considerarla ilegal”.
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Franco Tavano, pidió rechazar el planteo, recordando que en la audiencia de apertura del caso se informó tanto al imputado como a su defensa sobre la existencia de los audios que serían objeto de análisis. Explicó además que la extracción de dichos registros se realizó mediante el sistema UFED, con fines forenses, y que la fiscalía solicitó una pericia de voz y no una pericia telefónica, por lo que no se configuraba ningún agravio hacia la defensa.
Tras escuchar los argumentos, la jueza penal Lilian Bórquez resolvió que, en este tipo de pericias, no se requiere autorización judicial previa, aunque la fiscalía debe informar con antelación suficiente a la defensa sobre la fecha de inicio del estudio y los programas informáticos que se utilizarán. De este modo, se habilitó la realización de la pericia de comparación de voz, dejando a salvo el derecho de la defensa de controlar la medida o efectuar una pericia propia.
En cuanto al plazo de investigación, el fiscal Tavano solicitó una prórroga de tres meses, señalando que aún restan cumplimentar la pericia psiquiátrica del imputado, a cargo del Cuerpo Interdisciplinario Forense, y la mencionada pericia de voz.
El defensor particular se opuso al pedido, al considerar que “no hubo dificultades para producir la prueba, sino demoras atribuibles al Ministerio Público Fiscal”. Propuso, en caso de autorizarse la extensión, que la misma no excediera un mes.
Finalmente, la jueza Bórquez resolvió otorgar la prórroga de tres meses solicitada por la fiscalía, teniendo en cuenta las pericias pendientes: la de comparación de voz y la contemplada en el artículo 206 del Código Procesal Penal.