La propuesta del radicalismo fue derivada a las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, que esta semana iniciará su trabajo de análisis y tratamiento legislativo.
El proyecto generó un importante revuelo tanto en el ámbito legislativo como político en general, donde se escucharon voces a favor del sistema actual y otros, como los del candidato a la Gobernación por Cambiemos, Carlos Lorenzo, que planteó la estatización de la terminal.
En el proyecto, tal como informó El Patagónico, se establece que Petrominera Chubut SE efectúe el contralor del funcionamiento pero sobre todo de la salida de crudo desde la planta de Termap en Caleta Córdova, "en su condición de agente comercial del Estado Provincial y bajo las condiciones establecidas de acuerdo a los procedimientos que fije su Estatuto".
La iniciativa estipula que "dentro de los 30 días corridos posteriores a la sanción de la presente Ley, Petrominera Chubut SE definirá el procedimiento de control de calidad y medición de volúmenes del petróleo despachado y saldo remanente".
Se dispone que "Petrominera Chubut SE acordará con el Ministerio de Hidrocarburos la transferencia de la información recopilada, a fin de que éste dé cumplimiento en lo que corresponda con lo estipulado en la Resolución Nº 318/10 de la Secretaría de Energía de Nación, en materia de control de producción y calidad del petróleo evacuado".
Se estipula, además, que "el control físico antes indicado será llevado a cabo al menos en cada uno de los embarques, pudiendo realizarse controles adicionales complementarios, según la metodología a implementarse en función de lo acordado con el Ministerio, tal lo establecido en el artículo anterior".
Refiere que "los gastos que demande el control de referencia serán calculados por Petrominera Chubut SE y comunicados al Ministerio de Economía, a fin de que éste proceda a la previsión presupuestaria para solventar los mismos".
Por último, se establece que "los datos e información emanada de los controles de referencia será comunicada a esta Honorable Legislatura, mediante un informe anual de resultados".
A PARTIR DE LA LEY CORTA
El proyecto de ley, de acuerdo a lo que los diputados Risso y Lizurume explican en los fundamentos, está basado en los alcances de la Ley Nacional 26.197, también denominada Ley Corta de Hidrocarburos, modificatoria de la Ley Nacional 17.319, que en su artículo segundo determina que las provincias productoras de hidrocarburos, "asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos que se encontraren en su territorio".
La Ley Corta establece que dentro de los 180 días de promulgada la misma, "el Estado Nacional y las Provincias acordarán la transferencia a las jurisdicciones locales de todas aquellas concesiones de transporte asociadas a las concesiones de explotación de hidrocarburos que se transfieren".
"La Resolución 318/10 establece las normas y procedimientos que deberán acordar las jurisdicciones Nacional y Provincial, para establecer los mecanismos de control de producción y calidad de cada yacimiento", agregan los diputados.
Finalmente, en los fundamentos se recuerda que el sistema de "evacuación de la producción petrolera" está concentrada en el sistema de monoboya de Caleta Córdova, operada por una empresa concesionaria de la operación".