El hecho ocurrió durante un procedimiento de la Dirección de Tránsito, donde inspectores comprobaron que el vehículo realizaba un servicio de traslado sin autorización oficial. En medio del control, el conductor intentó escapar, lo que configuró además la falta de obstrucción al control, contemplada en la ordenanza 4143, y elevó el monto de la sanción.
"Es importante destacar que las infracciones por transporte de pasajeros sin habilitación no son nuevas" se explicó desde el Juzgado de Faltas y se agregó: "Desde hace muchos años existen modalidades de traslado clandestino que han sido detectadas y sancionadas en esta localidad. Lo que resulta más reciente es la incorporación de aplicaciones digitales como Uber, que si bien llevan algunos años en uso, constituyen nuevas formas de una misma modalidad ilegal".
Fundamentos de la decisión:
La resolución dictada se apoya en que:
El transporte de pasajeros es una actividad de interés público y requiere habilitación previa otorgada por el Municipio, en resguardo de la seguridad vial y la protección de los usuarios.
La habilitación no es un trámite formal, sino el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos tengan seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores cuenten con la licencia correspondiente.
Cuando se evade un control, no solo se vulnera la normativa, sino que además se obstaculiza el ejercicio del poder de policía, que la Constitución y la Carta Orgánica reconocen al Municipio para proteger a los consumidores y a la comunidad.
Una mirada hacia adelante
Quiero dejar en claro que los controles no tienen como objetivo coartar fuentes de trabajo, sino proteger a los pasajeros y garantizar la legalidad de la actividad. La Constitución obliga a las autoridades a velar por los derechos de los consumidores y usuarios, y para ello deben cumplirse las condiciones de seguridad que la normativa exige.
El debate sobre las nuevas tecnologías y aplicaciones como Uber deberá darse en el marco de la ley. En todo caso, las leyes nacionales, provinciales y municipales tendrán que ir adecuándose a esos cambios. Mientras tanto, hoy la actividad carece de habilitación legal, no es controlable, y no garantiza al pasajero la cobertura mínima de seguridad exigida.
También entiendo que la sociedad está reclamando mejoras al servicio de taxis y remises habilitados. Tal vez sea hora de abrir ese debate y escuchar a todas las partes involucradas, no desde la mera crítica o el enfrentamiento, sino desde una mirada constructiva de mejora y superación. El pueblo avanza cuando logra acuerdos y no cuando se divide en conflictos.
En ese sentido, las infracciones y sanciones no deben verse como un fin en sí mismo, sino como disparadores para repensar, debatir y actualizar nuestras normativas, de modo que respondan a los cambios sociales y tecnológicos y a las necesidades reales de la comunidad.
Como Jueza de Faltas, reafirmo que se intensificarán los controles de transporte clandestino, pero también considero indispensable generar espacios de diálogo y construcción colectiva que permitan fortalecer el sistema de transporte, proteger a los pasajeros y acompañar la evolución de la sociedad.