En el marco de la audiencia preliminar a la que fue sometido ayer Brian Silva, el abogado adjunto de la Defensa Pública, Ricardo Amado, ofreció un acuerdo de reparación económica y le solicitó a la juez penal, Gladys Olavarría, su correspondiente homologación.
El hecho por el cual fue investigado y acusado Silva ocurrió el 7 de junio del año último, cuando lo detuvo la policía a bordo de un vehículo que había sido denunciado como robado. Ese delito no se le pudo atribuir a él, aunque el caso fue calificado jurídicamente como encubrimiento por receptación, resultándose ser víctima la Administración Pública.
En ese contexto fue que la defensa ofreció la reparación económica de parte de su pupilo, teniendo en cuenta que se trató de un hecho cometido sin grave violencia física ni intimidación hacia las personas.
El defensor agregó que la pretensión punitiva que fijó la parte acusadora es de un año y seis meses de prisión y afirmó que su asistido no tiene antecedentes penales computables. Es decir se dan todos los requisitos para la reparación económica que se propuso pagar en dos cuotas.
Además, la funcionaria de fiscalía Fabiola López no se opuso porque entendió que se dan los presupuestos legales para la aplicación del criterio de oportunidad y el imputado no tiene antecedentes penales ni causas en trámite.
En razón de ello fue que la juez resolvió homologar el acuerdo propuesto, aunque se aclaró que el sobreseimiento recién se dictará una vez que el imputado abone el monto ofrecido.
En su resolución la jueza valoró que el imputado no tiene antecedentes penales y que el valor ofrecido como reparación es suficiente, teniendo en cuenta que el mismo es simbólico, destinando -en caso que el Estado no lo acepte- su fin a una entidad relacionada con la rehabilitación de personas con problemas de adicciones.