La resolución fue dictada en el marco de la ejecución de sentencia iniciada por la víctima, quien tiempo atrás promovió una demanda tras resultar lesionada en un juego infantil. En el proceso principal, el juzgado tuvo por acreditado el hecho y concluyó que el accidente se produjo por una falla en la estructura del juego, lo que configuró un incumplimiento del deber de mantenimiento y control por parte del municipio.
Ese pronunciamiento fijó una indemnización en concepto de daños físicos, odontológicos y psicológicos, al considerar que las secuelas derivadas del hecho generaron una incapacidad parcial y permanente. La sentencia, dictada en 2025, también reconoció otros rubros vinculados al tratamiento y las consecuencias del accidente, lo que dio lugar a un monto indemnizatorio.
Con la liquidación ya aprobada y sin que se registrara el pago voluntario, el juzgado habilitó la instancia de ejecución a fines del año pasado. El crédito asciende a $22.840.846,23 en concepto de capital, al que se deberán sumar intereses calculados conforme a las tasas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia, además de las costas del proceso. Para estos últimos conceptos se estimó provisoriamente una suma adicional de 10 millones de pesos.
La jueza interviniente dispuso avanzar con medidas concretas para asegurar el cobro. La principal es el embargo sobre los recursos que la Municipalidad percibe en concepto de coparticipación. La retención se fijó en hasta el 10% de esos fondos y deberá mantenerse vigente hasta cubrir la totalidad de la deuda reconocida judicialmente. La medida comenzó a cumplirse en marzo pasado y el embargo continuará en curso hasta alcanzar el pago íntegro que dispuso la sentencia.
El fallo por daños y perjuicios analizó las condiciones del juego al momento del hecho y concluyó que presentaba defectos que lo hacían inseguro para su uso normal. A partir de la prueba reunida, la jueza interviniente consideró que no se trató de una situación aislada sino de una falla vinculada al estado del equipamiento, lo que ubicó la responsabilidad en el ámbito del control y conservación del espacio público. La sentencia atribuyó al municipio su carácter de guardián del lugar y de los elementos instalados, con obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.