En demanda de su reincorporación laboral a las empresas de servicio para las que hasta fines de 2024 prestaban servicios en yacimientos petroleros, habían iniciado las protestas el lunes de esta misma semana en Cañadón Seco, las que endurecieron el jueves, extendiéndose a Pico Truncado y Las Heras.
Esta tarde, alrededor de las 16:00 una comisión policial se presentó en el sitio de inicio del conflicto, la playa de almacenajes de materiales ubicada en Cañadón Seco para notificarlos de una Resolución del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Caleta Olivia, cargo del dr, Marcos Pérez Soruco.
A través de la misma se los intimaba a que en un plazo de 45 minutos depusieran su actitud, bajo apercibimiento de ser procesados por el delito de entorpecer “el normal funcionamiento de la explotación industrial” en esa y otras instalaciones de la zona norte.
Correlativamente fueron advertidos de que, en caso de no acatarse la directiva, se haría uso de la fuerza pública.
Luego de dialogar brevemente con la comisión policial a cargo del jefe de la Comisaría de Cañadón Seco, mantuvieron una asamblea enlazando comunicaciones con grupos de manifestantes apostados en otros sitios.
Finamente accedieron a levantar todos los piquetes, pero voceros de los manifestantes revelaron a El Patagónico que volverían el lunes a esperar el resultado de supuestas reuniones que habrìan mantenido en Buenos Aires dirigentes de la UOCRA con autoridades de YPF.