La audiencia preliminar ya se había suspendida el martes porque Elías Antonio Miranda Barrera desistió de ser defendido por su entonces abogado de confianza, Guillermo Iglesias. Por esa razón la Oficina Judicial le designó un representante legal de la Defensa Pública y el acto se celebró ayer.
En ese contexto, la funcionaria fiscal Andrea Serer expuso que los delitos se registraron durante la tarde del 11 de agosto del año pasado.
Los imputados Nilda Patricia Rodríguez y Elías Miranda Barrera, relató la funcionaria fiscal, ingresaron al local “Compumundo” que funciona sobre San Martin 750, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.
Sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia física en los empleados, de acuerdo a la acusación fiscal, robaron distintos elementos electrónicos que se hallaban sobre un mostrador. “La Pato” apartó del sector de reparaciones un teléfono celular y una tablet. Luego, apareció en escena “El Chileno”, quien se guardó los elementos entre sus ropas para retirarse ambos del lugar. A los pocos minutos Miranda Barrera regresó al comercio y de similar forma sustrajo un minicomponente portátil.
Dicho accionar quedó registrado en las cámaras de vigilancia internas del local. Con esa prueba la Justicia, cuatro días más tarde otorgó órdenes de allanamiento en los domicilios de los sospechosos.
En el domicilio de Rodríguez la Brigada de Investigaciones secuestró una prenda de vestir y un par de zapatos, coincidentes con los que habría utilizado al momento del hurto. Mientras en la vivienda de Miranda Barrera se halló la tablet denunciada como robada. No se encontraron el aparato telefónico ni el minicomponente.
Respecto al primer ilícito la representante fiscal solicitó que se eleve la causa a juicio a partir de la calificación legal de “hurto simple” en calidad de coautores para la conocida pareja. Serer además pidió elevar a juicio el segundo delito de hurto simple solo para “El Chileno”.
RECHAZAN
SOBRESEIMIENTOS
Iglesias planteó el sobreseimiento de su clienta porque no hay coautoría y no existe acción delictiva. En el mismo sentido, la defensora pública Claudia Torrecillas, que asistió a Miranda Barrera, también planteó su sobreseimiento.
Cuestionó que la Fiscalía va a probar su caso con pruebas de video, sin testigo civil de levantamiento, ni cadena de custodia.
Insistió en que se vulneró el derecho a defensa y el debido proceso porque no hubo el correspondiente control de partes.
Iglesias adhirió en todo a lo planteado por su colega, y sostuvo: “no se dan las exigencias para ingresar esta prueba al debate”.
La jueza penal Gladys Olavarría consideró que existe la posibilidad de verificar la veracidad de los videos como elementos probatorios, existe la posibilidad de saneamiento. A su vez no consideró los videos como único elemento probatorio del caso.
Por todo ello, la magistrada resolvió rechazar los planteos de sobreseimiento de las defensas de Rodríguez y Miranda Barrera, admitir la prueba propuesta y elevó la causa a juicio oral y público.