Rechazo a la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas

El senador chubutense Juan Mario Pais, a través de un nuevo proyecto presentado en el Congreso, reclamó al Gobierno nacional que avance en la investigación y entrecruzamiento de datos para individualizar y penalizar a las empresas que estén participando sin autorización argentina en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la zona de las Islas Malvinas.
En virtud de nuevas informaciones periodísticas que dan cuenta de que la petrolera británica Premier Oil se encuentra negociando con el Gobierno de ese país un crédito de U$S800 millones para desarrollar la explotación de crudo en una zona del Atlántico Sur cercana a las Islas Malvinas, Pais reclamó que se investigue la conformación accionaria de esa empresa y de su socia Rockhopper Exploration, así como sus principales contratistas: SBN Offshore, Subsea 7, NOV y One Subsea.
El senador pretende que en caso de que sea cierto se apliquen "los castigos que la ley 26.659 prevé para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina".
Dicha ley prevé inhabilitaciones, multas y penas de prisión de 5 a 10 años para quienes participen de actividades de exploración, y de 10 a 15 años para quienes intervengan en la explotación.
En este marco, el legislador patagónico consideró que "al Gobierno nacional le compete defender los recursos naturales que son de todos los argentinos y rechazar el plan británico de explotar dichas riquezas en un área que se encuentra en disputa".
Según las estimaciones de los expertos, el área en cuestión conocida como "Sea Lion" contiene 517 millones de barriles de petróleo, razón por la que la operadora pretende conseguir los fondos necesarios para desarrollar la explotación en la segunda mitad de 2018.
Por estos motivos, el senador chubutense reiteró la necesidad de proteger los recursos nacionales y recordó que oportunamente formuló severas críticas al comunicado conjunto firmado en 2016 por las autoridades británicas con la administración macrista que buscaba "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".
"Una acción de esta índole implicaría un reconocimiento de facto de derechos británicos sobre el territorio argentino", remarcó Pais.

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