Se realizó la primer audiencia por el habeas corpus colectivo contra el abuso policial en Chubut

En la Oficina Judicial de Rawson y por videoconferencia comparecieron las partes para dar curso a tres presentaciones por los abusos perpetrados durante el período de cuarentena. Ocho denuncias fueron expuestas por una concejal de Trelew, la Defensa Pública y la Secretaría de DDHH de la Nación. El ministro de Seguridad Federico Massoni también estuvo presente.

Ayer en la Oficina Judicial de Rawson se realizó una audiencia conducida por la jueza Mirtha Moreno donde las partes expusieron vía videoconferencia y donde también participó el ministro de Seguridad Federico Massoni. Además de la presentación por el Gobierno Nacional, también fueron presentados los hábeas corpus de la Defensa Pública de Chubut y otro de la concejal de Trelew Mariela Flores Torres.

Luego de se expusieran cuáles fueron los hechos puntuales de sus defendidos como denuncia de presunto abuso policial, la jueza Moreno decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 13. Allí se escuchará el testimonio de las personas que fueron detenidas y la alocución en defensa del ministro de Seguridad Masssoni.

La Jueza explicó que si bien se trataba de tres presentaciones diferentes, “tienen el mismo hilo conductor, el mismo objeto y el mismo planteo de celeridad, lo que derivó en la acumulación de las presentes para ser tratado en esta sola audiencia”, además de explicar los motivos por los cuales habilitó feria para el tratamiento de las mismas.

El primero de los hábeas corpus abordados a través de videoconferencia fue el presentado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y por el Dr. Mariano Przybylski, en su carácter de Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, con el patrocinio letrado del abogado local Eduardo Hualpa.

Tanto Pietragalla Corti como Przybylski hicieron alusión a numerosas denuncias recibidas en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en cuanto a “detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas y hostigamiento”, entre otros.

En su presentación, Pietragalla Corti expresó que si bien las denuncias sobre episodios de abusos o excesos por parte del personal policial se han dado en todas las provincias, aclaró que en muchos casos se han logrado “abrir canales de diálogo para aplicar un protocolo de actuación en todo el territorio”.

Przybylski expresó en su intervención que “el decreto 297 no da libertades totales a las fuerzas de seguridad para hacer detenciones arbitrarias. Lo que hay que hacer es cesar la conducta infractora. Hay que evitar llevar detenida a la gente, sino ejercer un control para que se quede en sus casas. Hay que acompañarlos o llevarlos a sus casas”. En ese contexto explicó que si la opción es detener a los que rompen el aislamiento, “se termina por ayudar a la propagación del virus y se ingresa en un círculo vicioso”.

Hizo un detalle pormenorizado de los hechos denunciados por ciudadanos de Chubut, tanto en Comodoro Rivadavia, como en Trelew y en la comarca cordillerana, entre otros casos. Señaló que la mayoría de los operativos excedía las restricciones dispuestas a nivel nacional en cuanto a circulación, horarios e incluso actividades habilitadas, como pasear una mascota o permitir la circulación acortada de personas con algún tipo de discapacidad.

El segundo de los Hábeas Corpus fue presentado por la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew. La concejal del partido X Trelew, Mariela Flores Torres, fue la encargada de intervenir en este caso, y cuestionó tanto los procedimientos realizados en distintos lugares de Trelew como algunas metodologías diseñadas por el Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública explicó los alcances de un Hábeas Corpus presentado sobre la base de cuatro denuncias, pero “entendemos que tiene efectos colectivos, porque se están amenazado derechos esenciales, y que tienen que ver con la libertad, dignidad e integridad de todas las ciudades de Chubut” dijo el Dr. Germán Kexel, de la Secretaría Penal y de Prevención de la Violencia Institucional.

Tras enumerar los casos abordados en el recurso presentado, Kexel explicó que la mayorías de las detenciones registradas en los relevamientos realizados por la defensa pública -siempre en el marco de lo dispuesto por la emergencia sanitaria- se realizaron sin que exista un marco normativo establecido. En ese contexto expresó que las resoluciones ministeriales no pueden restringir las libertades y derechos individuales, pero que además, las detenciones se cumplieron incluso antes de que fueran publicadas las mismas o hubiera un decreto.

El Dr. Omar López, también de la Defensa Pública, indicó que “el contenido de las medidas que se adoptan para limitar las garantías constitucionales tienen que tener expresa vinculación con los fines por los cuales se dicta esta limitación y en este caso claramente es la salud pública”.

A su turno, el Fiscal General Fernado Rivarola, consideró “pertinente la vía elegida” en las tres presentaciones puestas a consideración y enumeró los legajos en los cuales ha tomado intervención el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Las partes coincidieron en que señalar que es necesario que las disposiciones políticas y órdenes de la Jefatura de Policía se adecúen a los protocolos y disposiciones establecidos por los organismos de derechos humanos, como así también que no supongan mayores restricciones a las establecidas por las autoridades nacionales en el DNU 297/2020.

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