Esta mañana, se concretó la audiencia vinculada a la causa “ñoquis calientes”. Los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.
En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.
Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos “, lo que estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.
Además adelantó: “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”.
Cabe señalar que en la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.
Ante el pedido del fiscal la mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar que se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales, por su parte, consideraron que la gran cantidad de hechos a probar, la cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos, detalló Esquel Notas.