Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Asencio fueron asesinados a tiros este miércoles en Comodoro Rivadavia. El joven había matado a un hombre en 2019 y fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión. Sin embargo estaba libre a los seis años. Este jueves, Rodrigo Nieves se tenía que presentar como testigo en el juicio que se le debe iniciar a Agustín Ernesto Vera por el crimen de Matías Hugo Jesús Nieves (30), ocurrido en enero de 2025. El proceso judicial fue postergado por “falta de garantías”, fundamentó el juez Mariano Nicosia.
En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, exigió el rápido accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y reclamó la aplicación de la Ley Nacional “Antimafia”, a la que Chubut adhirió tras su sanción a principios de 2025.
“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, expresó el mandatario.
LOS VERA Y LOS NIEVES: UN LARGO HISTORIAL DE VIOLENCIA
El último episodio de una extensa secuencia de hechos delictivos que involucra a las familias Vera y Nieves es el doble asesinato de este miércoles en horas de la madrugada.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala, e integrantes de la fuerza provincial, Torres adelantó que se conformará una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la investigación y sanción de estos hechos.
“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el gobernador.
PENAS DE HASTA 20 AÑOS
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado, permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones.