Un juez federal de Santa Cruz es acusado de encubrir casos de trata

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura acusó al juez federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi, por mal desempeño a partir de las sospechas de su vinculación con un excomisario investigado por trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia. Sin embargo, no se reunirían los votos necesarios en el plenario para iniciarle juicio político y solo recibiría una sanción económica.

Mario Reynaldi, juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fue acusado ayer formalmente de “mal desempeño” en el Consejo de la Magistratura por sus vinculaciones con un excomisario investigado por trata de personas con fines de explotación sexual.

Según informó el sitio de noticias Infobae, el dictamen aprobado en la Comisión de Acusación y Disciplina del organismo por 6 votos sobre 9, propone su inmediata suspensión y la apertura de su juicio político, que podría culminar con su eventual destitución.

Sin embargo, todo indica que no estarían los dos tercios necesarios para que sea aprobado en el próximo plenario del cuerpo en dos semanas, y Reynaldi terminaría recibiendo solo una sanción económica. Es que el trámite en el Consejo lleva casi tres años -plazo en que se vence- y el oficialismo y sus aliados no podrían demorar su tratamiento hasta obtener los votos necesarios.

El expediente contra Reynaldi fue instruido por la consejera representante de los abogados Adriana Donato, a partir de una denuncia de Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía de Trata y Explotación de Personas, por el supuesto encubrimiento a un expolicía que manejaba una red que prostituía mujeres en Río Gallegos.

Las escuchas telefónicas de Reynaldi con el comisario retirado Horacio Herrera, quien tenía su teléfono intervenido en una investigación de la Justicia penal santacruceña, fueron claves en la acusación.

Es que según la Fiscalía, las conversaciones evidenciarían que el magistrado no solo hablaba habitualmente con el expolicía, sino que sabía que regenteaba un prostíbulo en la afueras de la capital santacruceña donde mujeres -en su mayoría dominicanas- eran forzadas a la prostitución. Pese a ello, nunca lo denunció como hubiera correspondido siendo juez. Los diálogos revelan que, incluso, Reynaldi lo habría asistido legalmente en diversas situaciones personales.

En tanto, el magistrado acusado negó el presunto encubrimiento de las actividades ilegales de su amigo comisario y sostuvo que las escuchas telefónicas fueron interpretadas de manera “equívoca y errónea”. También denunció una campaña mediática de desprestigio en su contra, liderada por la jueza santacruceña Ana Álvarez y el camarista federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

El consejero representante de los jueces Leónidas Moldes sostuvo ayer en el debate que “no se puede perder de vista que se trata de un amigo (por Herrera) del juez, y la amistad íntima es una condición absolutoria”. Moldes presentó junto a su colega Luis Cabral, el dictamen de minoría en el que se propone solo un descuento del 30% en su sueldo por un mes como sanción económica.

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