Un juez quiere que se juzgue a un violador como a los genocidas

Patricia Aguirre acusó a un familiar por violaciones y como el delito prescribió por el paso del tiempo, un juez decidió que se realice un "juicio por la verdad", algo que se hizo contra los responsables de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura hasta 2004. Su caso podría sentar un precedente.

“Mi tío abusó sexualmente de mí”, denunció Patricia Aguirre y desató una catástrofe en la familia. El acusado la había criado prácticamente como un padre. Casi todos los involucrados en la familia desacreditaron su versión. Patricia se quedó sola, con su compañero, sus padres y nadie más. Entonces fue a la Justicia contra Manuel Romero, plomero y gasista de 62 años, aun cuando sabía que la Justicia podía rechazar su acusación porque se había vencido el plazo previsto para hacer la denuncia (12 años a partir de la mayoría de edad de la víctima).

Sin embargo, su caso podría generar un precedente hasta ahora inédito y cambiar el curso de las cosas. Es que Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, desoyó el pedido de prescriptibilidad del expediente elevado por la defensa del acusado y decidió que la causa siga su curso hacia el juicio contra la víctima bajo el procedimiento de un “juicio por la verdad”. Para el juez, el Estado tiene la obligación de investigar para reparar, aunque sea de manera simbólica el delito.

La propuesta de juicio por la verdad está inspirada en la forma que encontró la Justicia argentina para resolver las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el país entre 1994 y 2004, cuando la Suprema Corte definió que estos hechos no tenían fecha de vencimiento jurídica.

Vitale consideró que, como en aquellos años después de la atrocidad cometida por el gobierno militar, es primordial garantizar que las víctimas de atentados a sus derechos fundamentales tengan la posibilidad concreta de conocer los hechos y, con eso, acceder a un proceso que les asegure investigar la verdad. Aunque en ese caso, de llegarse al debate oral y aunque el acusado sea encontrado culpable, no habría pena efectiva.

La causa sobre abuso sexual de niños se inició 2 de julio de 2019. Patricia dejó su testimonio en la fiscalía especializada en abuso sexual: “Me tocaba la vagina, el cuerpo, también me ponía su pene en mi boca y hacía que le toque sus genitales. Me metía en la habitación de él, que compartía con mi tía, o me llevaba a modo de paseo en su camioneta donde yo le practicaba a él sexo oral”.

Los hechos que Patricia denunció ocurrieron entre 1990 y 1995 en la casa familiar del Barrio Gorriti, en Glew, Partido de Almirante Brown. Allí ella vivía con su mamá Mónica y su abuela y en el mismo terreno, al fondo, tenían la casa el acusado, su esposa (hermana de Mónica) y sus hijos. Pero los abusos siguieron cuando Aguirre y su madre se mudaron a San Vicente. "Tengo recuerdos siempre de la habitación de la casa de Manuel y de la claridad que entraba en su ventana, como que los hechos ocurrían en hora de la siesta o en su camioneta en hora de la noche”, relató a la Justicia.

“Él estaba presente siempre. En todo lo que era la vida familiar. En todas las reuniones y los cumpleaños. Y yo tenía una distancia que se diluía en una familia numerosa. Eramos 50. Y él era una persona muy caracterizada: introvertido, callado, provinciano. Nunca charlaba con nadie. Pero yo era muy pegada a él, incluso en la familia cuando yo era chiquita decían que yo era su novia”, comenta ahora, con el peso de las palabras asumido.

Aguirre dice que simplemente pudo hablar 25 años después. “No sé si hay otras víctimas de él, pero era una tradición el silencio, ocultar, callar. Mi familia es una familia de mujeres abusadas, de mujeres entregadas a la cuestión de su cuerpo, física y simbólicamente. Mis ancestros son santiagueños y en viajes nos encontramos con historias de hijas entregadas. Era una repetición. Mi mamá y mi tía eran víctimas de su papá. No es justificar, pero es contextualizar. Una familia que generó un círculo repetitivo de abusos y yo que pertenezco a otra generación pude cortar”, contó a Infobae.

Dos meses después de la muerte de su tía, Patricia le contó a su mamá de los abusos de Romero. A diferencia de sus primos y otros tíos, ella le creyó. “El admitió el delito que cometió”, le dice Mónica a este medio. Y compartió un audio que el acusado le mandó donde él le dice entre sollozos que tiene “una enfermedad”. “Vos sos mi cuñada pero cuando me abrazás ya para mí no sos mi cuñada”, le dijo el acusado en esa charla. Sin embargo, cuando fue citado a declaración indagatoria por la fiscal Nicoletti, el hombre se negó a hablar.

Para Aguirre y para el juez Vitale la reparación es en la Justicia. “Por las otras chicas”, dice Patricia. Y para que Romero, de ser hallado culpable, al menos lleve la marca del castigo del Estado. En otro fallo de iguales características, de una denuncia de 2014 que nunca llegó al juicio por la verdad, Vitale dijo que la imposibilidad de investigar los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por prescripción de la causa “cancela (por el momento) el derecho de la víctima a que ‘su verdad’ sea discutida públicamente”. Y consideró que “de alguna manera, transforma esa violencia particular denunciada en violencia institucional pública”.

Vitale escribió en ese fallo que existe un “blindaje jurídico” propiciado por una “práctica jurisdiccional miope y reduccionista” que niega los derechos de las víctimas. Patricia asegura que no cree en el castigo de la prisión como una solución efectiva a los problemas de las personas. “Tiene que haber un orden. No creo en las cárceles, pero hice la denuncia para que se sepa”, remarca Aguirre. Esa miopía que Vitale observa en la Justicia, Patricia la ve en su seno familiar: “En mi familia no lo pueden ver. Y es que la verdad es insoportable. Mi abuelo se murió en 2018 y todas sus hijas lo lloraron y lo cuidaron. A su propio violador. La realidad supera a la ficción".

Fuente: Infobae

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