La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional denunció que el nuevo reglamento de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, aprobado por el Poder Ejecutivo, servirá para “justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares”. Exhortó a repudiar este “nuevo avance represivo del gobierno de Cambiemos”.
“Creí que podía estar armado”, “Tenía la obligación de evitar la fuga”, “Hizo un movimiento sospechoso”, “Pensé que iba a cometer un ilícito”, “Vi un arma, no sabía que era de juguete”. La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) advirtió que se podrían “enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que policías usaron esas y otras excusas parecidas sin que lograran evitar duras condenas”, pero la puesta en vigencia del nuevo reglamento de uso de arma de fuego redactado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “no sólo multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial”, advirtió la organización y agregó que esos argumentos oficiales podrán trasladarse a la represión a manifestaciones populares.
A través de un comunicado, la Correpi denunció que el reglamento publicado en el Boletín Oficial transforma el gatillo fácil en ley y, “con verdadera hipocresía”, aunque reconoce al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU como su marco legal, lo deroga “de facto” en el articulado, como así también los principios básicos acordados por Naciones Unidas y los manuales de capacitación de la Policía Federal.
“La norma publicada habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa”, advierte la organización.
Tal como lo demostraron Bullrich y el propio presidente Mauricio Macri, quienes celebraron fallos judiciales en casos de gatillo fácil, la Correpi señala que la reglamentación puesta en vigencia busca “justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada” y “conmover” a jueces y fiscales para facilitar sus sobreseimientos y absoluciones. Como ocurrió con el reciente caso de la bonaerense Carla Céspedes.