El mandatario santacruceño, quien desde hora temprana de este lunes se encuentra en Caleta Olivia, respondió de esta manera al ser consultado por El Patagónico sobre la posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos exija bloquear todas las negociaciones que se hayan iniciado con la República Popular China, para afianzar sus objetivos geopolíticos en la Argentina.
Al respecto, evaluó que evidentemente “las condiciones que impone Estados Unidos a través de los fondos de transferencia, tienen que ver con una posición política de ocupar territorio en nuestro país, pero también me parece que la Argentina no está en condiciones de devolverle a China 5 mil millones (de dólares) que ya transfirió”.
“Además –subrayó- una de las condiciones que impuso China antes de transferir esa suma que forma parte de la totalidad del swap, se centraba en el compromiso que asumía Argentina para que las represas tuvieran continuidad”.
“Y si bien resulta obvio que ello no es el agrado de los Estados Unidos, hay que tener cuenta que estamos hablando de obras que ya tienen avance”, de manera puntual las referidas a la represa Gobernador Cepernic, cuya reactivación fue anunciada la semana pasada.
CONTROLES POR LA LEY 90/10 %
Por otra parte, Vidal hizo referencia al inicio de los controles en rutas, que a la brevedad se extenderán a aeropuertos y terminales de ómnibus para asegurar la contratación mayoritaria de mano de obra santacruceña en actividades productivas como el caso de la minería, pesca y petróleo.
En ese sentido, advirtió sobre las irregularidades detectadas en el pasado, indicando a modo de ejemplo que “las empresas mineras enviaban información al Ministerio de Trabajo que no era certera”. “En muchos casos figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real. Así incumplían con la ley anterior 70/30 pero ahora, con la 90/10, se va a controlar con rigurosidad” afirmó.
En esa misma línea confirmó que los controles interinstitucionales se extenderán a toda la provincia, abarcando yacimientos petroleros y mineros, represas, y obras públicas y privadas, incluyendo verificaciones en aeropuertos y terminales de ómnibus.
“El objetivo es un relevamiento integral de trabajadores y empresas para verificar el cumplimiento efectivo y fortalecer la presencia estatal”, puntualizó.
Adicionalmente puso de relieve que “no se trata solo de un registro, es una decisión política que marca un antes y un después en nuestra provincia. Queremos saber quiénes trabajan, dónde y que las empresas cumplan con la ley. Porque si el trabajo no queda en manos santacruceñas, no hay desarrollo posible”.