Durante un año Fernando Basanta fue ministro de Gobierno en la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner, quien lo postuló al Tribunal Superior de Justicia, nombramiento que no fue observado como irregular en la Legislatura, cuando las bancas eran ocupadas mayoritariamente por el kirchnerismo.
Su elección estuvo cuestionada desde varios sectores ya que el político y abogado no comprueba que haya tenido seis años de ejercicio de la profesión, uno de los principales requisitos que la ley marca para ocupar un cargo en el máximo órgano de la justicia santacruceña.
Los cuestionamientos se reactivaron con la asunción de Claudio Vidal a la gobernación y en el curso de las últimas semanas recrudecieron en el marco del nombramiento de cuatro nuevos vocales que elevan a nueve el número de integrantes del TSJ.
Además, Basanta –al igual que otros tres miembros que estaban en funciones- firmó resoluciones por la que desconocía los nuevos nombramientos e incluso se destituía de la presidencia a Daniel Mariani, algo que en la práctica no prosperó.
Ahora el nuevo cuerpo de la Legislatura se apresta a tratar una solicitud de juicio político presentada por el abogado Sergio Macagno, letrado de Río Gallegos, ligado al actual gobierno que ya impulsó otras denuncias a exfuncionarios kirchneristas.
En la sesión del jueves, el documento de Macagno fue aceptado e ingresado a la Comisión Acusadora, la que está integrada por doce legisladores: Santiago Aberastain, Mario Piero Boffi, Claudia Barrientos, José Bodlovic, Carlos Godoy, Javier Jara, Alfredo Martínez, Agostina Mora, Segundo Muñoz, Cristian Ojeda. Carlos Santi; Claudia Urrutia.
El tratamiento del pedido de juicio político se encuadra en el avance del gobierno que conduce Claudio Vidal en el Poder Judicial por entender que es el último reducto kirchnerista y cuyos jueces traban las denuncias por hechos de corrupción.