El diputado nacional que responde al gobernador Claudio Vidal sostuvo que “tras décadas de gobiernos kirchneristas, ciertos sectores se atrincheraron en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal Superior de Justicia, bloqueando el avance de denuncias penales impulsadas la actual gestión provincial”.
En ese marco, José Luis Garrido (el mismo que el miércoles votó en contra de un artículo clave en la ley que pone límites a la facultad del Poder Ejecutivo Nacional en lo que respecta a los DNU) anunció que presentará formalmente un pedido de intervención federal al Poder Judicial de Santa Cruz, señalando que esta es “la única forma de terminar con el uso y abuso del adoctrinamiento político en la justicia”.
Aclaró Garrido que la medida se encuentra dentro del marco constitucional y que ya existen proyectos presentados que la respaldan. Además, solicitó el acompañamiento de legisladores nacionales para garantizar que las denuncias penales vinculadas a la corrupción en Santa Cruz puedan avanzar con transparencia y efectividad.
Por otra parte, recordó a quienes ya formaban parte del Poder Judicial provincial que durante el kirchnerismo en Santa Cruz, fueron designados como integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “parientes y amigos” de la exgobernadora Alicia Kirchner”, citando como ejemplo a Fernando Basanta, quien ingresó “sin siquiera respetar un mandato constitucional que exige 6 años en el ejercicio de la profesión”.
Finalmente, el legislador destacó “la necesidad de un Poder Judicial independiente para asegurar justicia frente a casos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, vinculados al desempeño político”.
La intervención federal, según el diputado, permitiría que los responsables de malas gestiones y actos de corrupción en la provincia puedan responder ante la justicia y restaurar la institucionalidad.