La cooperativa admite que a alguien le debe rendir cuentas

Ayer ingresó por mesa de entradas del Concejo Deliberante el escrito legal que respalda la negativa de la prestadora de servicios públicos a ser auditada por el TCM. Más allá de fundar los vicios legales del planteo, y considerarlo una "intromisión", los apoderados legales de la SCPL admiten la expresa facultad de auditoría que tiene en cambio el Concejo Deliberante.

El Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) emitió, con el voto de los dos vocales de la oposición (Gastón Acevedo y Carlos Relly), una resolución ordenando una auditoría económica y financiera a la SCPL. El documento se conoció el mismo jueves 10 de marzo en que el Concejo Deliberante avalaba el "tarifazo" ordenado por el Ministerio de Energía de la Nación en todo el país.
La misma, no obstante, fue rechazada por la entidad, con base en un escrito legal que fundamenta una serie de vicios administrativos y legales, además de considerar improcedente el pedido por carencia de facultades y planteado incluso la inconstitucionalidad de la normativa que reglamenta el funcionamiento del TCM, con base en legislación comparada, incluso sobre la Carta Orgánica Municipal (COM).
El Recurso de Reconsideración con que se rechazó el pedido, considerándolo lisa y llanamente una "intromisión" lleva las firmas de los abogados Nélida León de Escribano, Giovanna Blandino, Claudia Rodrigues y Facundo Llorens Guitarte, y destaca que la presentación del TCM resulta "arbitraria y no ajustada a derecho", argumentando luego la impugnación en una posición que "resulta absurda por contraria al texto y espíritu de la norma" ( COM y ordenanza ya mencionada), aclarando además que la SCPL no recibe suma alguna que pertenezca a las rentas municipales, tales como subsidios, beneficios y estipendios.

SIN TOLERANCIA
"No maneja en absoluto rentas públicas; no hay gasto público y por ende no hay intereses económicos o municipales comprometidos que deban ser auditados por el Tribunal de Cuentas", se subraya.
"Se advierte de esta manera que el organismo municipal por intermedio de un acto visiblemente viciado de nulidad, pretende inmiscuirse en la vida privada de una persona jurídica regida por sus normas y controles específicos... lo que en modo alguno puede ser tolerado" indica otro de los párrafos, agregando que "la ilegal pretensión de auditar económica y financieramente importa en la práctica volver sobre cuestiones oportunamente analizadas y que fueron aprobadas por sus órganos legales societarios".
Hay que subrayar no obstante que a pesar de la hermética postura a abrir los números de la entidad, sustentada legalmente en este caso, admite sin objeciones la facultad para liberar la auditoría que sí posee el Concejo Deliberante. De hecho, en los párrafos 4 y 5 de la foja 9 de la presentación, los apoderados legales de la SCPL subrayan que "la propia Carta Orgánica Municipal decide quién puede requerir la realización de auditorías a empresas concesionarias de servicios públicos a través del TCM. En efecto, específicamente la COM ha requerido reservar dicha facultad al Concejo Deliberante" sostiene la presentación, de lo que se deduce que no habría objeciones en caso de que el cuerpo de representantes emitiera en su momento un pedido de auditoría similar.

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