La Corriente Clasista y Combativa (CCC) aprobó el sábado en Mar del Plata un plan de lucha que incluye marchas de protestas con vistas a la reunión que junto a otras organizaciones mantendrá el 2 de marzo en el Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en la reglamentación de la ley de Emergencia Social sancionada en diciembre pasado por el Congreso.
El coordinador nacional de la CCC, Juan Carlos Alderete informó ayer a Télam que el próximo jueves está prevista una movilización en la ciudad de Buenos Aires, en tanto que Barrios de Pie hará lo mismo mañana.
"El 14 de febrero las organizaciones mantuvimos una reunión informal con la ministra Carolina Stanley para avanzar en la conformación del Consejo Económico y Social y el 2 de marzo nos vamos a reunir nuevamente para definir la reglamentación de la ley", apuntó.
Alderete sostuvo que las protestas se deben "a la cosas que se cruzan e impiden que se avance en la reglamentación; por este motivo, si el 2 de marzo no se define la situación, todas las organizaciones vamos a reunirnos para adoptar medidas".
Además de la CCC, impulsan la ley de Emergencia Social Barrios de Pie; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CETEP) y el Movimiento Evita. Todas estas organizaciones confluirán el 7 de marzo en la marcha de la CGT y el 13 de ese mes, también junto a la central obrera, se movilizarán a Plaza de Mayo para conmemorar el cuarto aniversario de la asunción del Papa Francisco.
Por otra parte, Alderete confirmó que la CCC aspira a participar de las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires a través del Partido del Trabajo y del Pueblo, en alianza con otras agrupaciones. Estos son los puntos más importantes:
La Ley de Emergencia Social y Alimentaria destina $ 25.000 millones a promover y defender los derechos de los trabajadores de la economía popular hasta diciembre de 2019. Esos fondos se destinarán "a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional". Los alcances y forma de distribución de la ayuda estarán a cargo de un nuevo organismo, bautizado Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario, en el que tendrán participación el Gobierno y los grupos piqueteros.
Según establece el proyecto, en el caso de que esa cifra llegara a ser invertida antes de diciembre de 2018, se habilita el uso de otros $ 5000 millones.
- 20 febrero 2017