La reactivación de Ingentis, pendiente de arbitraje de la Comisión de Valores

Provincia anunció el pasado 2 de abril la intención de reactivar el proyecto energético Ingentis, aunque cada día hábil posterior trajo consigo una sorpresa, ya que además de la denuncia penal radicada en 2012, que continúa vigente, la compra de acciones a Pampa Holding no es un proceso concluido: permanece sometido a arbitraje de la Comisión Nacional de Valores que podría determinar incluso un embargo sobre Petrominera, comprometiendo sus reservas petroleras debido a su participación en las áreas renegociadas.

En octubre de 2012 circuló como trascendido periodístico que la empresa Pampa Energía le habría entablado una demanda a la Provincia del Chubut por entender que habría sido perjudicada en el traspaso de acciones de la empresa Ingentis, de la que era una de las propietarias hasta su retiro definitivo, en diciembre de 2011.
Mientras el hecho nunca fue oficialmente confirmado ni desmentido, el anuncio de la intención de reactivar el proyecto sacó a la luz una serie de cuestiones administrativas pendientes que Ingentis -o Petrominera como tenedora del paquete accionario- debe solucionar de modo previo.
De una reunión de directorio de Ingentis -que vuelven a integrar Pablo Korn y Rafael Cambareri - concretada el martes en Rawson surgió que la empresa provincial mantiene una deuda con Pampa Energía, el socio privado de Ingentis que se había retirado del proyecto.
Tal deuda tiene vinculación directa con la denuncia penal que el entonces fiscal de Estado, Blas Meza Evans, había radicado en diciembre de 2012 por "irregularidades" y que resultó contemporáneo a una solicitud de Pampa Energía de arbitraje de la Comisión Nacional de Valores justamente asociada a la compra de las acciones. El resultado de este arbitraje también está supeditado al avance -o desestimación- de la denuncia que hace más de tres años está en manos del fiscal Daniel Báez.

LOS HECHOS
Sobre el final de la segunda gestión provincial de Mario Das Neves, y con la decisión ya tomada de Pampa Energía de retirarse de Ingentis, Petrominera decide la compra de acciones fijando unilateralmente un precio de 33 millones de dólares por el 10% del paquete accionario en transacción.
Mediante decreto, el gobierno provincial autorizó la transferencia de fondos a la empresa provincial, y de los 33 millones mencionados se ejecutaron 16 al contado, y se convino la cancelación del monto restante en cuotas, que vencían el 15 de cada mes y equivalían a 800.000 dólares.
Con el cambio de gestión provincial el 10 de diciembre de 2011, y uno de los vencimientos operando a 5 días, comienza un proceso de negociación con Pampa Energía que se extendió por casi un año. En ese contexto se logra un acuerdo más conveniente, dado que el privado accedió a quitar intereses y punitorios y reducir un 30% la deuda capital.
No obstante, al momento de rubricar el acuerdo marco, la Fiscalía de Estado de la Provincia radica la denuncia penal, que inhibió a Petrominera de todo pago a Pampa Energía. Uno de los puntos a investigar en esa denuncia fue la venta irregular de acciones, por cuanto se había obligado a Petrominera a comprar el 10% del paquete accionario por 33 millones de dólares a un socio privado que se había retirado llevándose una turbina, más una serie de fondos que había retirado de Ingentis en calidad de préstamos.
Es en ese mismo contexto que Pampa Energía (que cotiza en bolsa) convoca a arbitraje de la Comisión Nacional de Valores, una acción que sigue vigente supeditada en tiempos a la denuncia penal en curso.
Así, mientras no es solo un escollo sino dos los que debe resolver Provincia para reactivar el proyecto energético, no escapa que una de las posibilidades es que la decisión de la CNV resulte a favor del privado, lo que podría determinar un embargo sobre Petrominera.
Si no lograra acordarse que la empresa de petróleo, energía y minería de la provincia quede libre de culpa y cargo, y dado que esta no tiene bienes tangibles para embargar, la afectación podría recaer directamente sobre las reservas de petróleo que la misma tiene a raíz de los acuerdos rubricados con las operadoras petroleras en el marco de la renegociación de contratos.

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