Las denuncias de los abogados comodorenses contra los Juzgados de Familia sumaron un nuevo capítulo. Los letrados describieron “la gravísima situación de la Oficina Judicial del Fuero de Familia” que afecta en forma directa a los niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables y anunciaron la posibilidad de acudir ante el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para responsabilizar a quienes han entorpecido el servicio de justicia”.
En ese marco, la presidenta del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, Cecilia Sarasate, envió una carta a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi y Ricardo Napolitani, para denunciar “la gravedad institucional” de los Juzgados de Familia y la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia.
Atraso en los procesos judiciales; errores en las providencias, inobservancia de los principios fundamentales del proceso de familia; rol y responsabilidad de los jueces respecto de la Oficina de Gestión Unificada; destratos por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario hacia los justiciables y hacia a profesionales psicólogos que actúan en los expedientes como consultores técnicos; falta de capacitación en la materia a los Jueces de Paz que deben actuar en los casos de violencia; y falta de Eficiencia y Eficacia en la prestación del Servicio de Justicia en los juzgados fueron parte de los señalamientos.
También denunciaron la falta de actualización del registro de la tramitación de causas; la falta de atención y respuestas a las consultas de matriculados, auxiliares y ciudadanos que concurren a la Oficina de Gestión Unificada como en aquellas consultas que se realizan por medios electrónicos habilitados; y el nulo desarrollo de acciones para el mejoramiento continuo de la gestión en los Juzgados de Familia.
“En especial, ni la Oficina de Gestión Unificada ni los funcionarios fueron responsables del cumplimiento de los plazos procesales, de la seguridad de las actuaciones procesales, su registración en los sistemas informáticos y del acceso a la información judicial de acuerdo a las normas de publicidad de los actos, protección de los datos personales y/o secreto/reserva de actuaciones en el marco del proceso”, señala el documento.
En este sentido, el Colegio Público de Abogados solicitó que se declare el estado de emergencia en los Juzgados de Familia de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia y que se dispongan las medidas que estimen pertinentes y se destinen los recursos necesarios para una rápida mejora en el servicio de justicia.
“Considero urgente y necesaria la intervención, organización y ejecución de todos los procesos de trabajo de todas las áreas de los Juzgados para evidenciar el desarrollo y resolución de todos los puntos reclamados y enunciados precedentemente”, subraya el comunicado firmado por Sarasate.
“Nuestros matriculados dedicados a la materia expresan con profundo pesar y preocupación las irregularidades en general detectadas tanto en el seno de la Oficina de Gestión Unificada como en el cuerpo de Magistrados que se desentienden del caos”, destaca.