La juez de garantías, Mirta Moreno, abrió ayer la investigación por nuevos hechos de corrupción cometidos durante la emergencia climática que vivió Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 8 de abril del año pasado, e imputó a 6 comerciantes y empresarios de la zona del valle que, al igual que los exfuncionarios, están sospechados de haber cometido actos irregulares y defraudatorios para enriquecerse a costa de los recursos del Estado.
Los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams realizaron la descripción de cinco hechos que consideran ilegales y que involucran a exfuncionarios provinciales y a proveedores del Estado.
En algunos casos, los elementos adquiridos por el gobierno de entonces nunca llegaron a destino y en otros supuestamente se pagaron sobreprecios a cambio de retornos que los proveedores habrían entregado en mano a algunos de los funcionarios involucrados, según la acusación.
Tal como se informó oportunamente, entre los materiales que en el mejor de los casos se adquirieron y no llegaron a destino se destacan leña, colchones, frazadas, pañales, alimentos secos, fardos de pasto y agua mineral.
Por estas maniobras ya estaban imputados los exministros Alberto Gilardino (Coordinación de Gabinete) y Leticia Huichaqueo (Familia), y otros funcionarios como Vanina Barale; Marcelo Suárez; Diego Correa y Diego Lüthers. A ellos ahora se sumaron los proveedores Marta Franco, Cecilia Sadava, Bruno Taurelli, Estanislao Giniguerra y Guillermo Williams.
En la audiencia de ayer los fiscales describieron cómo el trámite se iniciaba en el Ministerio de Familia, donde también se fraguaba la documentación que indicaba que la mercadería había ingresado a depósito, y desde la Unidad Gobernador junto con Coordinación de Gabinete, se decidía el pago y el ingreso de los retornos.
LOS CASOS
El primero de los hechos se refiere a la provisión de colchones, mantas y toallas efectuadas por Blanquería Matices, de Marta Franco, una de las nuevas imputadas en la investigación. La compra fue por casi 3 millones de pesos y los elementos adquiridos nunca llegaron a destino.
El segundo de los hechos involucra a Bruno Taurelli en carácter de proveedor de leña, fardos de pasto, verdura, artículos de limpieza, papas y cebada por parte de “La Agrícola SRL. El pago total por parte del Estado fue de 3.141.000 pesos, “sin que exista correspondencia con la mercadería entregada, tal como indicaron los fiscales. Se sospecha que se utilizaron facturas falsas y que el sobreprecio de la mercadería orillaba el 200%.
Los fiscales tienen datos concretos que demostrarían que los funcionarios involucrados cobraron 250.000 pesos en concepto de coimas y que este dinero fue entregado personalmente en la casa de Correa, así como que en muchos casos las mercaderías ni siquiera ingresaron a los depósitos.
Tal como sucede en las otras causas, la “prolijidad” de Lüthers -segundo en la Unidad Gobernador- sirvió a los fiscales para desenredar la madeja ya que el entonces funcionario anotaba minuciosamente las compras, los pagos y también los retornos, además de mantener fluidos contactos con los proveedores.
Otro de los casos investigados es el de la provisión de colchones, frazadas, sábanas, mantas polares y toallas que realizó Estanislao Giniguerra de Mall Don Bosco. En este caso se cree que se vendieron y se cobró por 1.800 colchones y se entregaron solo 17, mientras sobre 430 sábanas se entregaron 134.
El retorno del que se hacían los funcionarios se cree que fue de 1.200.000 pesos. La venta fue de 6.814.530 pesos. A través de escuchas telefónicas, los fiscales comprobaron la existencia de las coimas.
También está imputado como proveedor Guillermo Williams de Thor SRL, vendedor de colchones que nunca llegaron a destino. También en este caso los fiscales abortaron algunos pagos irregulares tras el secuestro de expedientes, a principios de la investigación, a mediados del año pasado. El titular de la cuarta empresa fue imputado por facturar más de 2 millones por la venta de colchones que nunca se habrían entregado.
Finalmente, en la audiencia volvió a hablarse del caso testigo y el primero en ser denunciado desde el municipio de Comodoro Rivadavia y el bloque de diputados provinciales del FpV, como fue la compra de 1.500 botellas de agua mineral al kiosco “Emanuel” de Trelew, que no hizo más que revender las botellas que habían sido adquiridas a la distribuidora “Friosur” de Trelew a un sobrecosto del 200% cuando en realidad bien pudieron ser adquiridos a esa firma que también era proveedora del Estado.
Los fiscales aseguraron que el kiosco Emanuel ni siquiera tenía la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia. En este caso la imputada es Cecilia Sadava.