La Cancillería argentina expresó su preocupación por la falta de presupuesto para las bases Carlini y Brown, que administra junto al Ministerio de Defensa y que son claves para la campaña antártica y la investigación científica. De acuerdo con una investigación publicada por el portal La Política Online, la situación genera tensión dentro del Gobierno ante el avance de un traspaso administrativo hacia la órbita militar que no cuenta aún con resolución oficial.
Un documento oficial al que accedió LPO revela que la Dirección Nacional del Antártico (DNA) perdió el control operativo sobre ambas bases, aunque continúa siendo responsable presupuestaria, sin partidas asignadas y con la obligación de sostener la logística hasta que se formalice la cesión de créditos. Esta contradicción, advierten fuentes consultadas, compromete la continuidad del Programa Antártico Argentino, desfinancia la ciencia nacional y expone el patrimonio acumulado durante décadas.
A nivel internacional, la maniobra también genera preocupación: miembros del Tratado Antártico podrían cuestionar que la Argentina transfiera funciones civiles al ámbito de Defensa, cuando justamente Buenos Aires fue elegida como sede de la Secretaría del Tratado en 2003 para garantizar una gestión civil y transparente.
En paralelo, LPO señala que la empresa Mirgor, vinculada a Nicolás Caputo, avanza con aval oficial en actividades logísticas y de apoyo al Comando Conjunto Antártico, incluyendo vuelos a la Base Petrel, proyectos de infraestructura y servicios turísticos en islas del continente blanco. Este despliegue choca con disposiciones internacionales que desalientan instalaciones privadas permanentes por su impacto ambiental.
El panorama, según especialistas citados por LPO, configura un “desmantelamiento silencioso” de la presencia argentina en la Antártida, donde ciencia, logística y soberanía quedan en riesgo frente a intereses cruzados y la falta de un marco normativo claro.