La causa judicial que investiga a Vanesa Elizabeth Moreno y a Claudio Morgado por presuntas estafas reiteradas ingresó en una instancia decisiva: el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente su elevación a juicio oral, según consta en la requisitoria presentada ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el escrito fiscal, Moreno fue imputada como autora del delito de estafa, mientras que Morgado figura como partícipe necesario, en el marco de una maniobra que habría sido sostenida en el tiempo y replicada con múltiples víctimas. El expediente ya superó la etapa de instrucción y quedó en condiciones de ser sorteado el juzgado correccional que intervendrá en el debate oral.
Entre los testimonios incorporados a la causa se encuentra el de la periodista Ivy Cángaro, quien relató haber sido víctima directa de un sistema de engaños basado en la venta de productos que nunca fueron entregados. Según su declaración, las operaciones se sustentaban en relatos de urgencia extrema, muchas veces vinculados a supuestas enfermedades graves, que apelaban a la confianza y a la sensibilidad de los compradores.
El mecanismo denunciado incluía ofertas recurrentes de artículos de alto valor —como productos de cuero, indumentaria deportiva de marcas internacionales o tecnología—, pagos anticipados y una comunicación constante que se extendía durante meses, pese a la falta de entrega de la mercadería. En algunos casos, las devoluciones de dinero se realizaban de manera parcial y con fondos provenientes de nuevas operaciones, lo que permitió sostener la operatoria en el tiempo.
Cángaro señaló además que, convencida de la veracidad de la situación expuesta, intermedió para que decenas de personas más realizaran compras, lo que amplificó el perjuicio económico. Chats y audios forman parte del material probatorio que respalda la acusación fiscal.
Según consta en el expediente, la causa se inscribe dentro de un conjunto más amplio de denuncias de características similares, tramitadas en distintos juzgados. El documento judicial también descarta, en esta etapa, la intervención de un tribunal con jurados y habilita el proceso para su tratamiento en el fuero correccional.
Con la elevación a juicio ya requerida, el caso queda a un paso de la instancia oral, donde se debatirá la responsabilidad penal de los imputados por los hechos denunciados.