Cada uno tendrá que pagar 250 mil pesos

Es la multa que les aplicarán desde el municipio a quienes se habían ido a acampar y a celebrar una fiesta electrónica que fue desbaratada el lunes a la mañana.

La multa que mínimamente deberán pagar los 20 irresponsables que celebraron una fiesta electrónica que quedó inconclusa el lunes, es de 50 mil pesos para cada uno. Esa cifra también deberá abonar el propietario del camión, más allá de que no estaba presente. En ese rodado había una barra y un sistema eléctrico que posibilitaba contar con una heladera para mantener frías las bebidas.

Los jóvenes estaban acampando a 10 kilómetros de Caleta Córdova desde el viernes y planeaban quedarse hasta la noche del lunes 21, pero la difusión que a modo de desafío hicieron a través de las redes sociales, les truncó el festejo y ahora los lleva a responder ante las autoridades.

Daniel Simunovic, titular del Juzgado de Faltas 3 del municipio, confirmó que el martes ingresaron las actas desde la municipalidad y que “nos atenemos a la Ordenanza 15063 que se atiene al decreto nacional. Damos lugar al descargo de estas personas que tienen cinco días y pasado ese tiempo fallamos. Son 20 actas; es decir 20 personas físicas, más el dueño del camión, cuyo propietario no estaba”.

En declaraciones a LaCienPuntoUno, el funcionario expresó que “la sanción es únicamente económica y va de 250 mil pesos a 2.500.000 pesos. Si quieren apelar, tienen un órgano que es el tribunal administrativo. No existe un pago voluntario y no hay un antecedente de tal magnitud que yo recuerde”.

Añadió Simunovic que “no podemos hacernos los osos al respecto, dado el castigo que está reclamando la sociedad. Si no pueden pagar, pueden acceder a un plan en cuotas con intereses y si no pueden o no quieren, serán derivados a Cobros Judiciales, donde pueden responder sus padres o abuelos”.

En este contexto, los jóvenes que se burlaron de quienes les reprocharon su actitud diciendo que habían ido a limpiar la playa, también deberán hacer frente a la pena establecida por la Justicia federal, que a partir del Decreto 205 establece una multa que implica la entrega de mercancía.

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