"No existían antecedentes clínicos previos que indicaran la presencia de epilepsia, la cual se volvió crónica e incurable como resultado del acoso escolar", se destacó en el fallo. En tanto, las opiniones del neurólogo que atendió a la víctima, del experto en peritajes neurológicos y de la psicóloga que evaluó el caso, coincidieron en que situaciones de estrés como el bullying, pueden desencadenar episodios de epilepsia.
Los jueces resaltaron que la entidad educativa, en su calidad de responsable de la formación de los alumnos, debía tener conocimiento de las posibles consecuencias psicológicas y físicas que los estudiantes podrían sufrir a causa del acoso escolar.
Aunque en primera instancia la jueza redujo este porcentaje a la mitad, el tribunal superior decidió mantenerlo intacto y estimar incrementos futuros basados en la "probabilidad de progreso laboral de la demandante".
La indemnización por daños y perjuicios de $3.178.847,98, a lo que se suma un 10%, alcanzó una cifra total de $3.496.842,78.
Además, se estableció que la compañía de seguros, que inicialmente había rechazado toda responsabilidad en relación con el caso y la condición clínica que sustentaba la demanda, deberá responder de manera conjunta con el colegio demandado.
El tribunal concluyó que "la responsabilidad de la institución educativa abarca tanto el daño sufrido por la víctima como el causado por los alumnos durante la actividad escolar".
Por último, se fijó una suma de $3.199.999 para compensar el daño moral sufrido por la entonces adolescente, quien actualmente es mayor de edad.