Tal como lo anunció El Patagónico, se desarrolló ayer la lectura del veredicto de responsabilidad penal que resultó del juicio oral y público al que fueron sometidos los inspectores municipales de Tránsito, Mauro Cárdenas y Facundo Garbarino.
En ese marco, el tribunal que fue presidido por la juez penal Gladys Olavarría y se completó con las jueces Mariel Suárez y Daniela Arcuri, resolvió declarar penalmente responsables a Cárdenas y Garbarino como coautores del delito de extorsión en concurso real con robo agravado por el uso de arma propia, en grado de tentativa.
A ese resultado el tribunal llegó por unanimidad y tras la declaración de responsabilidad penal se anunció la realización del juicio de cesura para el lunes 19 a las 8. En esa instancia se discutirá el monto de la pena que deberán cumplir. De todas maneras, se confirmó que la Fiscalía pedirá una pena de cumplimiento efectivo y la misma se ubicará en los 7 años, teniendo en cuenta que la mínima parte de 5 años.
Hay que recordar que durante la investigación y también en el juicio, la causa fue seguida por la fiscal general Camila Banfi y el funcionario, Cristian Olazábal. En tanto que los imputados fueron asistidos en el debate por los abogados Francisco Romero y Alejandro Fuentes, quienes en los alegatos solicitaron que sean condenados por "exacciones ilegales", delito contemplados en el artículos 266 del Código Penal.
En su fallo, el tribunal consideró que fue suficientemente acreditada la teoría de la acusadora pública, como así también la materialidad y autoría de los imputados en ambos casos denunciados.
LOS CASOS
Cárdenas y Garbarino fueron acusados por delitos que ocurrieron durante la madrugada del 10 de marzo. El primero se produjo alrededor de las 4, cuando un hombre que circulaba con su vehículo fue obligado a detenerse.
Los inspectores de tránsito afirmaban ser policías y simularon pedir por radio los datos sobre el dominio del automóvil, se bajaron del coche en el que se movilizaban y le solicitaron al conductor los papeles del auto, asegurándole que eran de la Brigada de Investigaciones.
De manera falsa le dieron que el vehículo tenía pedido de secuestro y que si quería llevárselo debía pagar. Al verse intimidado la víctima entregó 8.000 pesos y antes de retirarse uno de los imputados le dijo: "no vayas a la Fiscalía a hacer la denuncia porque no me cuesta nada encapucharme y hacerte cagar".
El otro caso ocurrió alrededor de las 6 cuando un segundo automovilista fue interceptado por ambos imputados. Garbarino y Cárdenas también dijeron pertenecer a la Brigada de Investigaciones y uno de ellos llevaba un bastón extensible, mientras que el otro tenía una picana que utilizó para torturar a la víctima mientras la acompañaba hasta el cajero automático para obligarla a extraer dinero.
En cuanto a la calificación legal, el tribunal descartó las exacciones ilegales y el cohecho propuesto por los defensores, porque si bien ambos son funcionarios públicos, no estaban trabajando al momento de los hechos.
"No sacaron provecho de su cargo, sino que simularon ser parte de la Brigada de Investigaciones. Los damnificados no ofrecieron dinero sin ser coaccionados", indicó el tribunal y calificó el delito como extorsión, en calidad de coautores, por amedrentar a su víctima y consideraron que la misma se consumó por la simulación de autoridad pública.
Mientras, el segundo caso fue calificado jurídica como robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa, en calidad de coautores para Cárdenas y Garbarino. A la vez, se acreditó el uso de la picana, como arma propia, lo cual aumenta el poder ofensivo de quien la usa.
- 07 diciembre 2016