El juicio por jurado está establecido en la Constitución Nacional de 1853. Sin embargo, nunca se puso en vigencia en todo el país. Recién en 2005 Córdoba fue la primera provincia en dar el puntapié inicial, con un sistema mixto y un jurado escabinado, es decir compuesto por ciudadanos comunes y profesionales de la justicia.
Según el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sólo entre 2005 y 2011 esa provincia tuvo 215 juicios de este tipo, sobre un total de 15.043 sentencias dictadas por las cámaras con competencia criminal.
De esos 215 casos hubo 33 absueltos y 182 condenados, siendo el 60 por ciento de los procesos por hechos de homicidio agravado.
Se estima que en la actualidad en esa provincia ya se realizaron más de 300 debates a través de este sistema establecido para delitos de homicidio agravado, contra la integridad sexual de la que resultare la muerte de la persona ofendida, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio con motivo u ocasión de tortura y homicidio con motivo u ocasión de robo. Como así también en los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa.
Para su funcionamiento solo durante 2011 se necesitaron 1.245.766 pesos destinados a 43 casos, es decir que cada uno costo 28.971 pesos, según indicó en ese momento el informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales. Ese monto estuvo destinado a cubrir los sueldos del personal permanente de la oficina de jurados, los gastos en insumos, el pago de la retribución diaria establecida para los ciudadanos que integraron el mismo, sus gastos de alojamiento, transporte y manutención.
Su experiencia fue considerada positiva. Sin embargo, tuvieron que pasar casi diez años para que se sume una segunda provincia a este sistema. Fue Neuquén, que tuvo una reforma de su Código Procesal similar a Chubut, la que decidió dar este paso, que incentivó luego la implementación en Buenos Aires y Río Negro. Mientras que aún en La Rioja y Salta ya se discute su aplicación.