Las preocupaciones comenzaron en noviembre de 2023, en un contexto de alta incertidumbre económica y tras la llegada de un nuevo gobierno. A pesar de las dificultades para importar y la inflación descontrolada, el ministerio abrió un proceso de licitación por más de 325 millones de dólares para la compra de los barcos, conocidos como Offshore Patrol Vessels (OPV).
A pesar de las críticas de la industria local, que solicitó la anulación de la licitación o una extensión significativa del plazo, Bullrich continuó adelante con el proceso. En 2024, la ministra no solo ignoró las quejas, sino que también amplió el periodo de licitación, lo que levantó sospechas sobre un posible direccionamiento de la misma hacia la mencionada empresa francesa.
Irregularidades y Denuncias Los astilleros y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN) comenzaron a expresar preocupaciones sobre las irregularidades en el proceso, sugiriendo que la licitación estaba orientada a favorecer a Naval Group, quien ya había sido denunciada por prácticas corruptas.
La situación se intensificó tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron, donde se discutió la compra de submarinos y los OPV, totalizando una operación de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Desde el Ministerio de Seguridad, se desestimaron la mayoría de las denuncias, salvo las relacionadas con las acusaciones internacionales de sobornos que enfrenta la empresa.
Investigaciones en Curso El ingeniero naval Raúl Podetti llevó sus preocupaciones al juzgado federal de María Servini, donde se le indicó que sus denuncias constituyen un “potencial delito en curso”, lo que justifica una investigación más profunda.
Los testimonios de empresarios del sector naval revelan un descontento generalizado, señalando que la licitación favorece a un competidor extranjero en detrimento de las capacidades locales. A pesar de que la licitación fue iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández, la administración de Milei no consideró las solicitudes de extensión, lo que generó aún más desconfianza.
Es importante recordar que en 2018, se adquirieron cuatro barcos patrulleros de la misma empresa, que ya había sido señalada por su involucramiento en casos de corrupción, lo que añade una capa más de complejidad a las actuales denuncias. La situación en torno a la licitación de los OPV continúa desarrollándose y mantiene en vilo a la industria naval argentina.