Los diputados provinciales del PJ-FpV, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla, formalizaron una denuncia penal ante el procurador general Jorge Miquelarena para que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas, tal como había sido planteado en la sesión especial del miércoles de la Legislatura del Chubut.
Mientras tanto, el presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, también presentó ayer en la Fiscalía de Rawson una denuncia penal para que se investigue la contratación de empresas para el acondicionamiento de las escuelas. Se denuncia contratación directa, precios exorbitantes para obras insignificantes y el pago sin haber realizado trabajo alguno.
El texto de la denuncia penal presentada por Meza Evans y Marcilla expresa: “el 10 de marzo pasado el diputado provincial Eduardo Conde realizó una clara descripción de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas. Señaló que existen serias sospechas sobre el procedimiento de esas contrataciones y solicitó que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el tema.
El mismo diputado y por las mismas razones, impulsó la interpelación legislativa de la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, que se frustró por la ausencia de la funcionaria provincial, pero en la sesión el diputado Alfredo Di Filippo denunció la existencia de “coimas en las contrataciones”.
“A partir de estas denuncias públicas hemos recibido numerosas informaciones vinculadas a sobreprecios y a empresas vinculadas a presuntos hechos de corrupción”, se indica.
A continuación expresa: “las empresas vinculadas a los hechos descriptos son Lada Construcción SRL y Ramida SRL propiedad o vinculadas a Daniel Smith, curiosamente con el mismo domicilio, Pedro Martínez 172 de la ciudad de Rawson, con estrechos vínculos con el marido de la ministra de Educación. Lo peor de la situación es que las sospechosas contrataciones no han resuelto los problemas edilicios y ello impide que numerosos establecimientos escolares hayan iniciado el ciclo lectivo”, se indica.
SOSPECHAS
Mientras tanto, la denuncia de Conde expresa: “según la información recabada de los propios directivos de las escuelas, se observan partidas de erogaciones exorbitantes por tareas de absoluta insignificancia, como también se verifican situaciones donde el prestador del servicio factura y cobra sin haber ejecutado labor alguna. Por otra parte, no existe relevamiento de la marcha de las acciones que se ejecutan ni tampoco se han realizado relevamientos previos que ameriten el abordaje de cada asunto”.
Recuerda en la denuncia que por tales hechos, “la Legislatura citó a los ministros de Educación e Infraestructura para que expliquen la situación pero que al no asistir, se reprogramó la interpelación”.