El pedido fue presentado a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Laura Rodríguez Machado.
La iniciativa, presentada el 2 de junio por Guillermo Michel, junto a Luque, Tolosa Paz, Olmos, Félix y Lanesan Sancho, busca que las conductas más graves vinculadas a la pesca ilegal dejen de ser consideradas únicamente infracciones administrativas y puedan tener consecuencias penales. El proyecto contempla penas para quienes pesquen durante períodos de veda, capturen especies protegidas, operen en zonas restringidas, utilicen métodos prohibidos u oculten capturas para evadir los controles del Estado.
EL CONTEXTO MALVINAS
El pedido para acelerar su tratamiento adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional evalúa ampliar las sanciones previstas en una futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a empresas pesqueras que desarrollen actividades bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
“Durante años permitimos que muchos actores depreden nuestro mar sin tener consecuencias acorde. Cuando se depreda el mar argentino, se destruye empleo, se compromete el futuro de nuestras comunidades costeras y se atenta contra recursos que pertenecen a todos los argentinos. Eso tiene que tener consecuencias penales”, había señalado Luque al presentar el proyecto.
El proyecto presentado por los diputados de UP se encuentra frenado en la comisión de Legislación Penal que preside el oficialismo. El reglamento interno habilita a los integrantes de la comisión a solicitar la incorporación del asunto al temario de la misma mediante nota que fue presentada con la firma de Luque junto a Guillermo Michel y Moira Lanesan Sancho del mismo bloque.
Para Luque, el debate no debe limitarse a las sanciones administrativas, sino que requiere herramientas que permitan perseguir penalmente las conductas más graves y también a quienes forman parte de la cadena económica vinculada con la pesca ilegal.
“La pesca ilegal no empieza ni termina en un barco. Existe una cadena económica que financia, encubre y obtiene ganancias de estas actividades. Si queremos combatir seriamente este problema debemos perseguir toda la estructura y no solamente al último eslabón”, había planteado el diputado chubutense.
El proyecto también establece agravantes para situaciones que involucren especies amenazadas, áreas protegidas, utilización de explosivos o sustancias tóxicas, participación de funcionarios públicos y embarcaciones extranjeras que operen sin autorización bajo jurisdicción argentina.
“Estamos hablando de soberanía, de trabajo argentino, de desarrollo productivo y de la obligación de preservar recursos que son patrimonio de las próximas generaciones”, había remarcado Luque.
Con este nuevo pedido, los diputados buscan que el proyecto avance en la Comisión de Legislación Penal y que el Congreso discuta una herramienta penal específica para enfrentar la pesca ilegal y proteger los recursos del Mar Argentino.