Tal como ocurrió a nivel nacional, en la provincia de Chubut también existe una no tan sorda disputa entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Consejo de la Magistratura. La misma no se había hecho pública porque el máximo organismo de Justicia estuvo hasta hace pocos meses integrado por solo dos ministros: Alejandro Panizzi y Mario Vivas.
La incorporación, hace pocos meses, de los cuatro miembros que faltaban en el STJ llevó a que la disputa se hiciera pública, como ocurrió cuando el Consejo le impidió la asistencia a una de sus sesiones a una de las nuevas ministras.
Ahora fue el caso del fiscal Héctor Iturrioz lo que permitió ensanchar la grieta. Es que el jury de enjuiciamiento que se le había promovido no prosperó. Este martes se reunió el Tribunal de Enjuiciamiento, con la presidencia del integrante del STJ, Mario Vivas, y la asistencia de los diputados provinciales Roddy Ingram, Mónica Saso, y los abogados José Pinsker y Juan Gutiérrez Hauri, los cuales dictaron una resolución y resolvieron disponer el archivo de la evaluación del fiscal.
Como cuestión previa la defensora del fiscal, Lucía Pettinari, entendió que en la acusación se habían violado las garantías de defensa en juicio y el debido proceso y que por ello no podía dar una defensa “eficaz y efectiva”.
Se le corrió traslado al procurador general, Jorge Miquelarena, quien luego de analizar el planteo de la defensa, solicitó se declare nula la acordada del Consejo de la Magistratura y como consecuencia de ello el archivo del proceso de enjuiciamiento.
Ahora, Vivas aprovechó el caso para expresar que “no quiero pasar por alto la preocupación, perplejidad e inquietud que me genera la situación que se ha suscitado en estos actuados. Se pusieron de manifiesto graves defectos en la construcción del caso y en las causas de enjuiciamiento, que no pueden subsanarse. Se advirtieron, además, burdos vicios que comprometían garantías esenciales del enjuiciado. Debo llamar la atención de los miembros del Consejo de la Magistratura de ese momento, en especial de los consejeros evaluadores, para evitar que se repitan incorrecciones de esta envergadura. Corresponde que los casos antes de llegar a la instancia de debate, sean preparados y construidos con detenimiento y responsabilidad para que resulten consistentes y cumplan con las formalidades, las garantías constitucionales y el respeto a la legalidad. No podemos permitir que se desgaste la jurisdicción con cuestiones insustanciales que causan escándalo jurídico; ni qué hablar de la ausencia de economía procesal y de las expectativas generadas en la sociedad frente a la puesta en marcha de un proceso de destitución de un magistrado. Estas conductas le hacen muy mal a la imagen de las instituciones republicanas”.