El Defensor del Pueblo presentó un amparo judicial para garantizar el Derecho a la Educación

El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, Héctor Simionati, interpuso un recurso de amparo en el Juzgado Civil, Comercial y Rural de Rawson para que el Estado provincial asegure el derecho a la Educación hoy violentado por la suspensión del dictado de clases. También se hizo una reserva para plantear el mismo reclamo ante la Justicia federal.

El Defensor del Pueblo de la provincia del Chubut, Héctor Omar Simionati, confirmó ayer que luego de haber recibido varias inquietudes de padres, preocupados por la falta de dictado de clases, presentó un recurso de amparo ante el juzgado universal de Rawson por el que solicitó que el Estado arbitre las medidas para asegurar el derecho a la educación.

En el amparo, Simionati pide a la justicia que exija al gobierno la restitución “en forma inmediata del derecho a la educación, el cual se encuentra conculcado en virtud de la suspensión en el dictado de clases que se verifica en los establecimientos educativos dependientes de la provincia”.

El abogado indicó a El Patagónico que ante el supuesto de que la justicia provincial no atienda su planteo, articulará “un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación”.

Luego de dejar sentada su incumbencia en el tema, en el escrito el Defensor remarca que la “falta del dictado de clases en los establecimientos educativos dependientes de la Provincia del Chubut, afecta en forma evidente derechos expresamente reconocidos al colectivo de los educandos que asisten a los mismos”.

LA OBLIGACION

Simionati advierte en el escrito que la situación conflictiva por la que no se dictan clases comenzó en marzo, pero se endurecieron en los últimos 30 días y que abarca “no solo a los establecimientos educativos de las ciudades más pobladas (Rawson, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn), sino que también a las escuelas ubicadas en las demás localidades de la Provincia, en diferentes grados de acatamiento”.

En la presentación se recuerda que los docentes también ocupan el ministerio de Educación que trajo aparejada una “inactividad administrativa total. Las partes se encuentran enfrascadas en una discusión paritaria, donde la cuestión salarial es uno de los temas más importantes que no han encontrado cauce de solución”.

“Es el juez quien debe resolver. En primera instancia se declara admisible, cosa que doy por sentado que así sucederá. Luego seguramente se correrá traslado y será el gobierno el que deba responder porque es quien debe garantizar y asegurar este derecho, reconocido por nuestra Constitución Nacional y Provincial, por Tratados Internacionales y leyes de su jerarquía”, concluyó.

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