La suspensión, confirmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, se mantendrá mientras avanza una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras un escándalo de corrupción.
La investigación se inició a raíz de la filtración de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban sobreprecios en la compra de medicamentos. Como resultado, se ordenó no solo suspender la auditoría en curso, sino también revisar las 128.667 bajas de pensiones ya efectuadas.
Hasta el momento, las bajas se justificaban por diversas irregularidades. Según el informe, 110.522 pensiones habían sido otorgadas con documentación fraudulenta (como radiografías idénticas), 8.107 a personas ya fallecidas y 10.038 a ciudadanos que habían renunciado al beneficio.
El proceso de revisión actual ha detenido el envío de nuevas citaciones y los controles presenciales a los beneficiarios. Además, se ha puesto en pausa la propuesta de que la ANDIS, un organismo descentralizado con presupuesto propio, pase a depender directamente del Ministerio de Salud para transparentar sus licitaciones y compras.
El gobierno ha señalado que la intervención les permite, por primera vez, acceder a la contabilidad de la agencia, que antes era manejada de forma autónoma por la administración de Spagnuolo.