El gobierno de Ignacio Torres promueve un Régimen de Abstención del Débito laboral y un plan de Retiros Voluntarios en la administración pública, la Legislatura y el Poder Judicial para eliminar cargos que no cumplen ninguna función.
El proyecto de ley ingresó este lunes a la Legislatura y sería tratado en la sesión de este jueves. Los empleados de planta que accedan a este régimen percibirán el 60 % de la remuneración de su cargo de base y los aportes jubilatorios se realizarán sobre el 100 %.
El plazo máximo de este régimen es cinco años, aunque se pueden acortar los plazos si llegan con la edad para jubilarse. Los cargos no serán reemplazados. Los empleados de planta que se acojan a los retiros voluntarios recibirán una indemnización de un sueldo por cada año de antigüedad, tomando como base la mejor remuneración mensual devengada durante el último año.
Quedan excluidos tanto del Régimen de la Abstención del Débito Laboral como de los Retiros Voluntarios, agentes de la Policía, personal del gabinete, personal contratado, profesionales, docentes, médicos, enfermeros, y en general todo agente que por su idoneidad no pueda ser reemplazado.
También invitan al Banco Chubut, entidades autárquicas, sociedades del estado y demás organismos a adherir a esta ley, según Crónica.
"Sobrepoblación estatal"
En la fundamentación del proyecto, el Ejecutivo provincial expone que esta norma es complementaria con las otras dos leyes vigentes, que son las de los ingresos por concurso y la denominada “tres por uno”, que refiere que se tienen que producir tres vacantes en el estado por cada ingreso que haya.
De esta manera, sostienen que el censo realizado por el gobierno “arrojó como resultado un número alarmante de agentes, muchos de ellos en situación irregular y evidenciando un panorama claro respecto de la superpoblación en la Administración”.
Por último, mencionan que “en idéntico relevamiento se detectó una cifra significativa de agentes que están por encima de la cantidad que el estado necesita para funcionar en debida forma. En esta instancia se da la oportunidad para reorganizar la planta estatal de una manera más eficiente, buscando ordenar la estructura ocupacional, liberar y eliminar cargos y permitir reasignaciones estratégicas que mejoren la eficiencia del gasto”.