El presidente del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Horacio Massacese, respondió a las acusaciones de irregularidad en la venta de tierras en la colonia Gualjaina y justificó el accionar del organismo al autorizar la transferencia de mejoras a favor del exfutbolista de la Selección Argentina, Aldo Pedro Duscher.
El conflicto se centra en los lotes 9 y 10 de la fracción D, sección J II, sobre la costa del río Lepá. La Lof Katrawletuain Rawson Warria Mew denuncia que se trata de tierras comunitarias habitadas ancestralmente por la familia de Susana Martín, donde residen y realizan pastoreo.
Según la comunidad, los terrenos fueron vendidos irregularmente por Bernardo Quiñihual e hijo a Duscher, con validación del IAC.
En declaraciones a EQSNotas, Massacese describió el caso como un “intento de usurpación en un terreno de unas 600 hectáreas de Gualjaina, que son tierras fiscales del Estado provincial”. Además, relató que Quiñihual ocupa esa superficie desde 1988, y que el IAC le otorgó un “permiso precario de ocupación”.
“Este permiso no genera derecho sobre la tierra, sino derechos sobre las mejoras”, aclaró.
Massacese detalló que en abril de 2024 Quiñihual solicitó una “anuencia precaria” para transferir esos derechos a Duscher. Tras una visita de inspección para verificar que el predio “estaba cerrado, en explotación, etc.”, el 6 de julio de 2024 el IAC emitió una resolución autorizando la operación.
“Entonces, por resolución se le otorgó un permiso precario de ocupación a Duscher. Y en octubre del mismo año se le dio una autorización de mensura para determinar la superficie exacta que ocupa”.
Sobre el ingreso de familias mapuche-tehuelche al lugar, Massacese lo atribuyó a que Duscher “estaba haciendo mejoras, habían hecho el contrapiso del puesto, por eso el cuidador no estaba en el lugar y de ahí esta gente se metió a ocupar”.
Frente al reclamo de la familia Martín, Massacese afirmó que no se les dio lugar porque en 1988, Jacinto Domingo Martín –declarado único heredero de doña Aurelia Martín– transfirió los derechos de las mejoras a Bernardo Quiñihual.
“Nosotros entendemos que, como existió esa transferencia, ellos no tienen derecho para reclamar sobre las mejoras. Y la tierra y la superficie siguen siendo fiscal de la provincia del Chubut”.
LA COMUNIDAD Y EL MARCO LEGAL INDIGENA
La abogada especializada en derechos indígenas, Sonia Ivanoff, explicó previamente que las tierras en posesión de comunidades originarias “tienen un carácter equiparable a títulos” y no pueden venderse sin un dictamen de la Comisión de Tierras Indígenas del IAC.
Según indicó Ivanoff en contacto con Diario El Chubut, Duscher habría afirmado que la operación contaba con autorización del organismo, lo que generó la movilización de los comuneros.
La letrada describió el episodio como una muestra de las tensiones entre el reconocimiento de la ocupación ancestral y los procedimientos administrativos que regulan la propiedad de la tierra.
Este caso se enmarca en una serie de conflictos territoriales en la Cordillera, donde comunidades mapuche-tehuelche denuncian desalojos, criminalización de sus referentes y falta de aplicación de leyes que protegen sus derechos sobre territorios ancestrales, frente a operaciones de compraventa validadas por el Estado provincial.