El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso la baja automática de más de 600 servicios que venía brindando, en el marco de una reconfiguración interna orientada a optimizar el uso de recursos públicos y concentrar su actividad en funciones clave.
La decisión fue formalizada a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se establece que la medida no implicará mayores erogaciones y responde a la necesidad de adecuar la oferta tecnológica del organismo a criterios de eficiencia y simplificación administrativa.
Según CAMARCO, mantener anualmente el sistema vial (nacional y provincial) cuesta u$s 4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s 40.773 millones.
El recorte surge de un diagnóstico elaborado por la Gerencia Operativa de Servicios Industriales y la Dirección Operativa del INTI, que detectaron escasa demanda y superposición con servicios ofrecidos por el sector privado en una parte significativa de las prestaciones actuales.
En esa línea, un informe de la Dirección de Planeamiento y Comercialización advirtió que sostener esos servicios implicaba un uso ineficiente de fondos estatales y posibles distorsiones en la competencia, al desplazar o desalentar la participación privada.
La medida se enmarca en los lineamientos del Decreto 891/2017, que promueve la desburocratización y la mejora regulatoria. Bajo ese esquema, el INTI mantendrá sus funciones de desarrollo tecnológico, asistencia y transferencia, pero con un enfoque puesto en actividades estratégicas o donde su intervención resulte insustituible.
Desde la publicación de la resolución, los servicios incluidos en el Anexo I dejaron de prestarse de manera inmediata. No obstante, el organismo garantizó una transición ordenada: se respetarán todos los convenios y contratos vigentes hasta su finalización, asegurando la continuidad para los usuarios.
Además, la Dirección Operativa deberá implementar un plan integral que contemple la finalización de los servicios, la organización de la documentación técnica, la comunicación a los usuarios y la preservación de capacidades críticas dentro del instituto.
Según el Consejo Directivo del INTI, la decisión no implica un achicamiento del organismo, sino una redistribución de funciones hacia áreas donde la presencia estatal es necesaria, luego de verificar que parte de las prestaciones carecían de demanda real o ya eran cubiertas por el mercado.
En el proceso intervinieron áreas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que no formularon objeciones a la readecuación.
Por último, se facultó a la Dirección de Planeamiento y Comercialización a redefinir la cartera de servicios bajo los nuevos criterios, con el objetivo de alinear la actividad del INTI con las necesidades actuales del entramado productivo y promover mayor competitividad.