"Es imprescindible que en 2021 el Poder Judicial vuelva a funcionar"

Así lo describieron desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de Chubut en un comunicado enviado al Superior Tribunal de Justicia provincial.

En el comunicado que se dio a conocer indican que “es imprescindible que en 2021 el Poder Judicial de Chubut vuelva a funcionar plenamente y para ello es necesario que todos y todas sus integrantes vuelvan a trabajar todos los días hábiles”.

EL COMUNICADO

“Es por ello que solicitamos al Superior Tribunal de Justicia que conjuntamente con los titulares de los Ministerios Públicos, en el tiempo que resta del presente año, adopten todas las medidas que estén dirigidas lograr –en este orden- que el Poder Administrador resuelva el atraso salarial, el SITRAJUCH levante las medidas de fuerza y se regule el modo en que funcionará el Poder Judicial a partir del 1 de febrero de 2021, disponiendo las medidas sanitarias que imponga la continuidad de la pandemia de Covid 19.

En ese aspecto se deberá prever y regular el teletrabajo para que puedan realizarlo las personas incluidas en los denominados grupos de riesgo que gozan de una licencia médica preventiva o que utilizan otras licencias relacionadas con el Covid 19 que las habilitan a no concurrir al lugar de trabajo (con hijos menores). En caso de mantenerse la división de grupos prevista en el actual Protocolo Sanitario elaborado por el Comité de Crisis que fuera publicado en el Boletín Oficial del pasado 19 de noviembre de 2020, debería establecerse – como se ha dispuesto en otras provincias - que el desdoblamiento sea en turnos de mañana y tarde.

Resulta insostenible que se continúe con el sistema de los catorce días, que produce que quienes se niegan al teletrabajo o su función no les permite dicha modalidad, trabajen –de máxima- una sola quincena al mes. Debemos reconocer que existen empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as que en los quince días que no concurren presencialmente a las oficinas realizan teletrabajo en sus respectivos hogares, pero en el caso de las/os empleadas/os son contadas excepciones.

Debe tenerse especialmente en cuenta el estado emocional de quienes durante este año no han dejado de trabajar, adaptándose a todos los cambios que impuso la pandemia y haciéndose cargo de aquellas tareas que debían realizar otras personas que se acogieron a las licencias establecidas para evitar el contagio de la enfermedad o a las medidas de fuerza.

Conocemos las razones económicas que existieron este año que impidieron fijar la modalidad de desdoblamiento que se propone, que conlleva un aumento de los costos de limpieza en razón de la mayor cantidad de horas en que las oficinas están ocupadas y la necesidad de realizar la limpieza entre turnos. Con acierto se priorizó la inversión informática y sabemos de lo beneficioso que ha significado para quienes trabajamos en el Poder Judicial y para los abogados externos, la incorporación del escrito digital en todos los fueros. Es posible afirmar que ha sido el aspecto más positivo que ha dejado la pandemia en el Poder Judicial. Además, hubo que reacondicionar los lugares de trabajo con divisiones y mamparas que también significaron erogaciones no previstas. Sin embargo, dicho obstáculo puede superarse incluyéndose las partidas necesarias en el presupuesto del Poder Judicial del próximo año, que aún está sujeto al trámite legislativo.

Por otro lado, la culminación del año impone realizar una profunda reflexión sobre la extensión temporal de la medida de fuerza dispuesta por el SITRAJUCH, sin que ello signifique ignorar la afectación que le produce a las/os trabajadores el pago atrasado de sus salarios, que todos y todas hemos padecido. Ni en las crisis más profundas y prolongadas que ha tenido nuestro país existe el antecedente de un paro de actividades de un servicio público ni de una actividad privada que se prolongue por un año consecutivo. Evidentemente, la medida de fuerza ha fracasado pues no ha logrado el objetivo expuesto, que ha sido se regularice el pago de los salarios. Sin embargo, ha producido graves y adversas consecuencias en el funcionamiento del Poder Judicial e indirecta e irremediablemente en los derechos de los justiciables.

En numerosos organismos existe un importante atraso en la tramitación de los casos (no urgentes) y que de no ajustarse el funcionamiento del Poder Judicial a “la nueva normalidad” se pone en serio riesgo la garantía del acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, pudiendo comprometer la responsabilidad del Estado Argentino en el ámbito internacional. En especial, en el fuero penal, hemos advertido que muchas de las causas se encuentran próximas a operar el vencimiento del plazo razonable previsto en el art. 146 del CPP, que impone se sobresea al imputado del delito si a los tres o cinco años –según sea caso normal o complejo- no se cuenta con el doble conforme de la sentencia condenatoria.

Otra deuda que deja el año 2020 es la no integración del Superior Tribunal de Justicia. La crisis económica y financiera, antes referida, desató a su vez una crisis política e institucional que se ha convertido, entre otras cosas, en un impedimento para la integración del Máximo Tribunal, que, en los últimos cuatro años, por el fallecimiento y renuncia de sus Ministros, se ha ido desintegrando paulatinamente. La última renuncia fue presentada por el Dr. Miguel Donnet a mitad de este año y desde entonces el Máximo Tribunal se compone sólo con dos Ministros, es decir con un número inferior al mínimo previsto por la Constitución Provincial, con las consecuencias que ello está teniendo para la salud de nuestro sistema.

Lamentablemente, el gobierno provincial ha convertido los nombramientos de magistrados/as del Superior Tribunal de Justicia en parte de su juego político, con las consiguientes dificultades y retrasos en las designaciones que ello conlleva. Luego, se pretende insertar en la sociedad la idea errónea que quienes deben integrar el Máximo Tribunal no deben ser juristas independientes de reconocida trayectoria sino más bien profesionales en el ejercicio de la política.

Con esta práctica se ha pervertido la lógica del sistema establecido constitucionalmente que impone la aprobación de la legislatura con dos tercios de sus miembros y lejos de evitar la tentación de llevar partidarios políticos a las instituciones judiciales, en los hechos lo que se pretende realizar es un reparto de cuotas de poder y ello quedó expuesto públicamente, sin ningún reparo ético, cuando desde el Poder Ejecutivo provincial se anunció la convocatoria a una mesa de acuerdo político para definir los nombres que integrarían el Superior Tribunal de Justicia y de ese modo asegurarse los votos de los diputados provinciales, dejando tácitamente sin efecto la integralidad del proceso de selección que incluye la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre las candidaturas y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de la selección.

Ese vicio del sistema adquiere mayores dimensiones si se considera que el retraso injustificado del Poder Ejecutivo en remitir los pliegos, no respeta el plazo máximo previsto por el artículo 5° de la Ley V – Nº 152 que establece que dentro de los noventa días de producida la vacante en el STJ se publicará en “el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación provincial durante tres días, el nombre y los antecedentes de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacante”. La demora de más de tres años desde que se produjo la primera vacante revela la escasa preocupación por cumplir los plazos y, lo que es más grave aún, de atender las necesidades del Poder Judicial.

No hay duda que uno de los mayores problemas que ha enfrentado la Justicia de nuestra provincia ha sido el retraso en las designaciones de las/os Ministros/as y es evidente que los nombramientos se producirán en el momento políticamente más oportuno para los intereses de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que nada tienen que ver con las prioridades del Poder Judicial.

Es cierto que la Ley V Nro. 152 no prevé una sanción específica al incumplimiento del plazo legal previsto, pero debiéramos considerar que más allá de dicha deficiencia normativa estamos ante una cuestión que se podría resolver de manera simple con un mayor sentido institucional. Sin embargo, a la luz de los hechos, resulta evidente que la única forma de superar la perversión analizada sería introducir en el texto legal previsiones expresas, fijándose el plazo para la elevación de la propuesta y el mecanismo subsidiario que se aplicaría en caso de incumplimiento del Poder Ejecutivo, además de las sanciones individuales.

La patología institucional descripta debe ser corregida y de ese modo evitar que en el futuro se repita un retraso tan prolongado en la designación de un/a Ministro/a del STJ.

Por último, además del presupuesto constitucional de idoneidad que debe reunir cualquier candidato/a, tener título de abogado y acreditar por lo menos “doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial” – conforme lo establece la Constitución Provincial- otro aspecto que incidiría en la mayor legitimidad de la máxima jurisdicción provincial y en una mayor capacidad del Tribunal para ajustarse a una sociedad en la que convivimos mujeres y hombres es que la integración refleje las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación provincial. (art. 4, Ley V Nro. 172)

Hemos sostenido y oportunamente se lo hemos comunicado al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut Esc. Mariano Arcioni y a todos/as los legisladores provinciales (conjuntamente con AMJA y la Red de Mujeres de la Justicia) que más allá del modo potencial en que ha sido redactada la Ley V Nro. 152, la integración que se proponga debe respetar la paridad de género y la capacitación en género de las personas propuestas, toda vez que constituyen un objetivo que debería ser central, pues no se trata de una simple reivindicación política o meramente ideológica, sino de una exigencia que se deriva de nuestro sistema jurídico en el cual la igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico. Nuestro país se ha comprometido con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres y darle la participación equilibrada en los espacios de poder y en la toma de decisiones.

Más allá de las acciones que realizara oportunamente esta Asociación y otras organizaciones civiles, consideramos necesario que el Superior Tribunal de Justicia promueva su integración ante el Poder Ejecutivo reiterando el pedido público que ya le realizara, señalando expresamente los inconvenientes que se derivan de la no integración en la resolución de los casos y que, además, se encuentran ampliamente vencidos los plazos establecidos en el proceso de selección para la publicación de los nombres de las personas propuestas y sus respectivos curriculum en los que consten sus antecedentes.

También habremos de referirnos al quiebre del vínculo del Poder Judicial con la sociedad, que si bien ocurre en todos los Poderes Judiciales de nuestro país, en nuestra provincia adquirió dimensiones particulares, tensionándose las relaciones institucionales entre diversos organismos, esenciales en el diseño constitucional del sistema democrático y republicano de gobierno, poniéndose en serio riesgo su normal funcionamiento.

De un tiempo a esta la agenda mediática provincial gira en torno a la conflictividad interinstitucional desatada en el seno del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, que no incluye cuestiones que involucren los intereses de la ciudadanía ni tiene relación con resoluciones judiciales que decidan sobre el derecho de los justiciables, acentuando el concepto negativo del Poder Judicial en desmedro de magistrados/as y funcionarios/as que día a día realizan su trabajo con esfuerzo y profesionalismo.

En lugar de detenernos en situaciones que socavan la imagen del Poder Judicial, debemos encarar el camino de la reparación del vínculo con la ciudadanía. En un contexto de imprevisibilidad e incertidumbre derivado de la Pandemia – y en Chubut agravado por la crisis económica- la sociedad debe saber, al menos, que sus derechos son y serán respetados y que si por una razón, cualquiera sea, entran en conflicto, la Justicia facilitará su solución.

Consecuentemente, los Poderes Judiciales deben, sin demora, readaptar su funcionamiento. Mirando el desafío, sin gran esfuerzo, se presentan en nuestra mente dos posibles caminos. El primero es sorprendernos de cuan roto está y enojarnos por las causas de su ruptura y sus posibles responsables, sin asumir ninguna culpa. El otro es no paralizarnos ante el diagnóstico y avanzar, reconociendo que, en cualquier aspecto de la vida, cuando hay algo roto, hay necesidad de arreglarlo.

En general, a las personas les resulta costoso asumir sus propias dificultades, responsabilizarse de sus causas y más aún buscar la solución y ejecutarla. De allí que muy excepcionalmente alguien dedicará su tiempo para resolver los problemas de los demás y difícilmente este sea el caso.

No se advierte que exista en los demás Poderes del Estado ni en las estructuras políticas la voluntad de facilitar herramientas para mejorar el funcionamiento de la Justicia. Por el contrario, en general desconocen la real problemática que dificulta el ejercicio de nuestras funciones y sin tomar ningún recaudo se apropian de la crítica ciudadana. Por otro lado, es frecuente advertir que las reformas que provienen del sistema político tienen como objetivo reforzar la capacidad de control del Poder Judicial, contraviniendo los principios constitucionales básicos del sistema republicano que se apoyan en la división de poderes.

Desde el retorno de la democracia, los líderes políticos han sostenido -de una u otra forma- una visión poco positiva del servicio de Justicia, a veces minimizándolo, otras culpándolo, otras victimizándolo, y en muchas ocasiones se ha llegado a sostener que el Poder Judicial es el culpable de todos los males sociales. El impacto de esta posición política se ha transferido a la burocracia judicial de diversos modos, no necesariamente negativos, pero no siempre positivos. Lo cierto es que la tesitura más frecuente ha sido la de un menosprecio activo acusando que no cumple con sus objetivos y que su relación con la sociedad es cada vez más conflictiva. (Dialnet-RecursosHumanosNuevasTecnologiasYPoderJudicial-248818.pdf)

Las múltiples causas que afectan nuestra legitimidad, en general provienen de las propias normas jurídicas y luego, de la interpretación que de estas realizan las/os operadores judiciales. Sabemos que desde los problemas más abstractos de la filosofía jurídica hasta las opiniones personales sobre cuestiones cotidianas gravitan en las decisiones de las controversias que se ventilan en los tribunales.

Quienes ejercemos la magistratura y función judicial debemos transformar la post- pandemia en una oportunidad histórica para reconstruir al Poder Judicial y recomponer su plena independencia, para lo cual debe rediseñarse la organización del trabajo, respetando las exigencias constitucionales de los procesos y teniendo en cuenta las características de la nueva conflictividad social.

Se encuentran pendientes la elaboración de las normas complementarias de las Leyes de la Judicatura y de los Ministerios Públicos y la redacción del nuevo Reglamento Interno. Se deberán redefinir los derechos y obligaciones; el régimen disciplinario; contemplar el teletrabajo; determinar las jornadas laborales y regular las diferentes clases de guardias –activas y pasivas- de 24 horas que llevan a cabo las/os empleadas/os, el funcionariado y la magistratura en los fueros penal y de familia; entre otros temas.

Consideramos conducente, a tales fines, la conformación de una Mesa de Trabajo que incluya a todos los estamentos judiciales, que deberán estar representados no sólo por las organizaciones que los nuclean –Sitrajuch y AMFJCh- sino también por representantes de los Colegios de Jueces de primera y segunda instancia de todos los fueros y de los Consejos de los Ministerios Públicos. Los cambios que provienen del debate interno son el producto de la experiencia y el conocimiento de los protagonistas del sistema y gozan, además, de su consenso y aprobación, lo cual facilitará la puesta en práctica de los mismos.

Hemos demostrado una permanente vocación por el diálogo respetuoso e institucional y nos hemos manifestado en todas y cada una de las oportunidades en que se debatía el rol y la competencia del Poder Judicial, aportando propuestas serias, previamente estudiadas y desarrolladas, exhibiendo en todos los casos un férreo compromiso por el correcto funcionamiento del Poder Judicial y su independencia.

Está Comisión, ejerciendo la representación de sus asociados/as, una vez más reclama por el pleno respeto de los derechos de la magistratura y funcionariado judicial, en un año en el que se ha violentado sistemáticamente la garantía de intangibilidad de nuestros salarios.

Es oportuna la ocasión para recordar la frase del ex presidente de la Nación Bartolomé Mitre, pronunciada al despedir los restos de Francisco de las Carreras, primer presidente de la CSJN de: “Después de disipada la tempestad, era necesario hacer prevalecer las fuerzas morales sobre las fuerzas materiales. Era necesario, para ello, consolidar, a la vez que el Poder Ejecutivo y que el Legislativo, el supremo Poder Judicial que impera sobre las pasiones, que corrige sus extravíos, garante de la paz de los pueblos y de los ciudadanos y que gobierna a todos en nombre de la razón, con la fuerza invencible de la ley”.

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